La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras ha hecho pública la licitación de los trabajos de expropiación para llevar a cabo las obras de mejora del tramo Cachafeiro-Vilapouca de la carretera EP-7207. Según el anuncio publicado ayer en el Diario Oficial de Galicia (DOG), el presupuesto base de licitación asciende a 83.776 euros. La empresa adjudicataria dispondrá de dos años de plazo para completar los trabajos. El anuncio oficial viene a ratificar el realizado hace unos días por el parlamentario popular Alejandro Gómez, que había anunciado para este verano el inicio de las expropiaciones para la mejora del vial Cachafeiro-Vilapouca. Sus declaraciones habían desatado un cruce de réplicas y contrarréplicas entre el PSOE y el PP. Los socialistas consideraban inapropiado que se hablase de iniciar las expropiaciones cuando los vecinos todavía no conocen el proyecto ni han tenido la oportunidad de realizar alegaciones al mismo. Los populares, en cambio, aseguraban que la exposición del proyecto reformado se haría a su debido tiempo y que no había inconveniente en empezar a tramitar las expropiaciones entretanto. Finalmente, en la sesión plenaria celebrada la semana pasada, PSOE y PP acordaron exponer al público la reforma del proyecto de mejora del vial antes de las expropiaciones y solicitar a la Xunta el cumplimiento de plazos. Durante su anterior etapa en la Xunta el PP había realizado un proyecto de mejora del vial Cachafeiro-Vilapouca que nunca llegó a ejecutarse y que, por el tiempo transcurrido, ha sido necesario someter a pequeñas reformas. No obstante, el gobierno local asegura que no habrá grandes cambios y espera que las expropiaciones se resuelvan con facilidad, ya que se trata únicamente de un ensanche de la carretera, sin cambios de trazado. Este tramo del vial que conecta A Estrada con Soutelo y la carretera Pontevedra-Ourense es de titularidad provincial. No obstante, en estos momentos se ultiman los trámites para que el tramo pase, como el resto del vial, a manos de la Xunta. Será después el gobierno autonómico el que deba asumir el coste de la mejora.