Hoy se cumple un mes de la recepción el 6 de octubre en el ayuntamiento de Lalín del auto del juzgado de lo contencioso nº1 de Pontevedra que ordenaba el cierre del párking Europa y daba un plazo máximo de 60 días para la aprobación de «proyecto y presupuesto de demolición» de los excesos edificatorios del párking -demolición ya ordenada por el propio juzgado pontevedrés a finales del 2005- y de «las obras ejecutadas al amparo de los acuerdos de 25 de marzo de 2003 y 21 de octubre de 2003», amén de otras obras que puedan verse materialmente afectadas por el derribo. Transcurrido un mes, el Concello ha ejecutado la parte del auto menos interpretable: clausurar el párking en tres días por carecer de licencia de actividad.
En cuanto al «proyecto y presupuesto de demolición», el Concello procede de acuerdo a su interpretación del auto, e intenta legalizar el párking con la demolición únicamente de los excesos edificatorios. Pero los técnicos municipales discrepan en su estudio del proyecto presentado por Portas a tal fin: «Hai diferencias en todo tipo de cuestións, importantes e de matices, sobre todo nos trámites procesais», admitía ayer el concejal de Urbanismo Román Rodríguez. Diferencias que retrasan la aprobación de un proyecto que el edil pretende técnicamente irreprochable, para dar traslado de él al juzgado tras su aprobación en junta de gobierno: se pretendía darle el visto bueno la pasada semana. Se retrasó, y tampoco ayer fue a junta, atascado en un estudio donde los técnicos municipales cuentan con asesoramiento de empresas jurídicas y urbanísticas sobre cuestiones de interpretación dudosa: además, de haber correcciones al proyecto, deberá visarse de nuevo en el Colegio de Arquitectos, con las consiguientes demoras.
Rodríguez, que reitera el trabajo técnico ajeno a injerencias políticas, alude a la compleja y difícil situación creada para justificar los cambios de criterio y retrasos sobre la hoja de ruta inicialmente prevista.
El «principio de prudencia»
Si hace un par de semanas el gobierno pretendía la aprobación del proyecto de legalización en junta para el inmediato inicio de unas obras que pretendía culminar en el plazo de 60 días dado por el juzgado -se cumple el 28 de diciembre-, ahora se apela a un «principio de prudencia», según el cual el proyecto se remitirá al juzgado antes de iniciar las obras de demolición, que es pueden no empezar en lo que resta de año. Precisó que, tan pronto se apruebe el proyecto en junta de gobierno, se iniciará el trámite de licencia de actividad.
Preguntas sin respuesta
Román Rodríguez no pudo concretar ayer en qué plazo se aprobará el proyecto de legalización; tampoco cuándo se pronunciará el juzgado -si lo hace- sobre su legalidad; en consecuencia, se desconoce la fecha de inicio de las obras de legalización del inmueble y su conclusión; y tampoco se sabe cuánto tiempo seguirá cerrado el párking.
Lo que mostró el concejal de Urbanismo fue esperanza de que, en esta ocasión, el juzgado se pronuncie sobre el proyecto de legalización que se le enviará: a lo remitido el pasado febrero, el juzgado respondió con el auto del 6 de octubre. Rodríguez explicó las diferencias entre lo enviado entonces y lo que se enviará ahora: «O outro era un informe, como un anteproxecto; este é un proxecto visado, con orzamento, esto é moito máis serio». Tampoco pudo precisar qué hubiera pasado si en febrero se hubiera remitido el documento en el que ahora se trabaja: «Son especulacións», concluyó.
Salvar el párking, la prioridad
Sobre la negociación con Portas, dejó claro que será una segunda fase, tras salvar el principal escollo que es legalizar el párking y evitar su demolición íntegra. Será una negociación compleja: no en vano la sentencia del TSXG que se insta a ejecutar anuló el acuerdo plenario de 25 de marzo del 2003 que recogía la adjudicación del párking a Portas y Acuña.