Los «pases». Esa es la gran incógnita a resolver en el juicio a una red de prostitución que operaba en clubs de alterne en Chapa y otro en A Baña (A Coruña). Una testigo protegida afirmó ayer en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra que las mujeres que trabajaban en el Tris-Tras silledense «tenían que pagar un porcentaje a la casa por cada pase que hacía». Precisó que cuando cada chica se disponía a acceder a una de las habitaciones con un cliente, esta le dejaba a la recepcionista el dinero. Al final de la noche se liquidaba. Cada mujer, explicó la testigo -una ex trabajadora del local - , liquidaba sus cuentas al final de la noche, y los propietarios cobraban 40 euros por el uso de la habitación y una cantidad que correspondía por cada pase.
Otra testigo detalló en un escrito de que cada 40 euros cobrados por pase, diez eran para el local. «Yo tenía mucho miedo cuando estaba allí, y tenía miedo de salir», subraya en la carta la mujer, leída durante el juicio oral que finalizó ayer. Explicó que cuando las chicas no iban a trabajar debían de abonar 60 euros de impuesto revolucionario y otros 40 por la noche de habitación.
La defensa trató de desacreditar el testimonio de la ex trabajadora del local de Chapa, señalando que la mujer «había sido despedida». Otras mujeres dedicadas a la prostitución aseguraron que en el Tris-Tras solo pagaban 40 euros por cada día trabajado y 20 euros en el Lewinsky, el club de alterne de A Baña.
«Yo cobraba lo que quería al cliente y pagaba 40 euros por noche por gastos de habitación, comida y lavandería», detalló otra testigo. Palabras similares las tuvo otra chica que ejercía la prostitución en el local. «Tenía que dar 40 euros por día allí por la habitación, comida y lavado de ropa», precisó.
Las mujeres testificaron que llegaron de Paraguay y Brasil a Chapa o A Baña a través de amigas que le informaban en sus países de origen de la existencia de ambos clubs de alterne.
La red fue descubierta como consecuencia de una denuncia presentada ante la Guardia Civil en el 2005. En el marco de la investigación, denominada operación Mami, se procesan ahora a ocho imputados, entre ellos, los tres supuestos cabecillas, para que el fiscal solicita una pena de cárcel de once años para cada uno de ellos.
«Aquí se perpetró un delito básico de prostitución. No es un secreto», subrayó el fiscal.