Una de las cuestiones que se abordó, en el transcurso de la reunión de ayer, fue el papel que pueden asumir los sindicatos una vez un proceso judicial esté en marcha. En este punto, Marta Durántez subrayó el hecho de que las centrales podrán personarse ya no solo como acusación popular, sino que, «al proteger los derechos genéricos de los trabajadores», lo podrán hacer como acusación particular. En este sentido, Xeraldo Abraldes no dudó en calificar esta posibilidad como muy importante, «especialmente nos accidentes graves onde hai resultado de morte». Y es que, tal y como precisó, en ocasiones los trabajadores «non continúan o procedimiento ata o final», ya sea por presiones de su propia empresa o porque llegan a acuerdos económicos referidos a las posibles indemnizaciones a abonar. Asimismo, reconoció que los sindicatos se están teniendo que enfrentar a infracciones novedosas producto de la entrada en vigor de la nueva Ley de Igualdad. En este marco, todos coincidieron en que será positiva la entrada en funcionamiento de la proyectada policía judicial especializada en siniestralidad laboral. En este caso concreto, la fiscal encargada de este ámbito penal destacó que ya se han dado los primeros pasos en este sentido: «En este año [2008], sobre todo a partir del segundo semestre, ha comenzado la tarea de formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad en la academia de A Estrada». El objetivo de esta nueva unidad policial y de las medidas tomadas en el seno del ministerio público pontevedrés tienen como meta «mejorar, perseguir y dar a conocer toda la materia de siniestralidad laboral». Y sobre los medios disponibles, el secretario comarcal de UGT, Ramón Vidal no dudó en sostener que «son curtos, polo que hai que utilizalos o mellor posible mediante protocolos» y un trabajo conjunto de todas las partes implicadas.