Los sindicatos reclaman en el juzgado informes de los administradores concursales que ya han sido elaborados
08 oct 2008 . Actualizado a las 02:00 h.Representantes de las tres centrales sindicales -UGT, Comisiones Obreras y CIG- mantuvieron ayer una reunión en Vigo con el representante del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Un encuentro que tenía como objetivo articular acciones conjuntas entre sindicatos y Fogasa para intentar agilizar el cobro por parte de los trabajadores del grupo Proinsa tanto las indemnizaciones como los salarios adeudados.
En total son 217 los empleados que presentaron reclamaciones, ya que algunos habían llegado a algún acuerdo con la empresa en diferentes provincias españolas, otros fueron al parecer recolocados por Fomento para las obras del nuevo consistorio lalinense y otros tenían contratos de obra o de servicio y no presentaron demanda.
En la reunión de ayer se habló también del estado de las demandas tanto en los diferentes juzgados de lo Social como en el Mercantil. Por lo que respecta a las demandas de los trabajadores, ya existen algunas sentencias que declaran nulos los despidos. Las sentencias condenan a todas las empresas que forman parte del grupo Proinsa y al propio empresario Álvaro Méndez Gil. Todas ellas tendrán que responder solidariamente.
El representante de UGT, José Carlos Rodríguez del Río, explicaba ayer que «temos que pedir a execución de sentencia en cada caso señalando os bens das empresas de Álvaro Méndez Gil». Un proceso que podría llegar hasta la declaración de insolvencia por parte de las empresas. Del grupo solo tres: Proinsa, Seixo e Inyeuropa están en el concurso de acreedores. Los sindicatos pedirán hoy en el juzgado el contenido de los informes elaborados por los administradores concursales en relación a estas tres empresas y quieren también saber la clasificación de los créditos.
Impugnación
En el caso de que las deudas que el grupo tiene contra los trabajadores no sean clasificados como créditos contra la masa impugnarán la resolución. Unas clasificaciones que al parecer están ya hechas, al menos para las cantidades adeudadas a los trabajadores, para cuyas demandas se dictó ya sentencia. Desde Comisiones Obreras, Juan Fajardo, critica las trabas enormes que suponen para los trabajadores el proceso concursal. Desde esta central se resalta como prioridad el cobro de los trabajadores lo antes posible y los intentos por agilizar el proceso. Para Comisiones Obreras sería necesaria una reforma de todo el proceso. Fajardo indica que el proceso que había antes era muy antiguo pero el de ahora coloca a los trabajadores «nunha situación de risco». Se queja de que «as entidades financieiras tosen e o Goberno vai a inxectar cartos inmediatamente, os traballadores levan tosendo máis dun ano e non se fai nada».
Por su parte, Xaquín Agulla, de la CIG, indice en lo largo del proceso y espera que el Fondo de Garantía Salarial mantenga «a sensibilidade que ven demostrando ata o de agora», aludiendo a su responsabilidad subsidiaria en este tema y recuerda a Fogasa que «o movemento demostrase andando». Espera que no se produzca una demora en los pagos.
Tanto CC. OO. como CIG señalan que están dispuestos a continuar teniendo reuniones si con eso pueden ayudar a que los trabajadores cobren antes sus salarios y no están de acuerdo con una ley concursal que pone a las deudas de los empleados en la misma balanza que las del resto de los acreedores.
El proceso de Proinsa, que constituye uno de los más importantes de la provincia de Pontevedra, está poniendo a examen la ley concursal, ya que hasta ahora eran pocos los casos en los que se aplicaba y que no sirva solo para llevar a cabo una limpieza del pasivo de la empresa. En el caso del grupo Proinsa éste se sitúa entre los 40 y los 50 millones de euros. Los administradores concursales llegaron a acuerdos con algunos grupos de acreedores. En el caso de los acreedores comerciales estos habían aceptado una reducción de la deuda en un 50% y de un 40% en el caso de las deudas de las entidades financieras.
Los sindicatos denuncian que la ley concursal deja desprotegidos a los trabajadores. La CIG llega incluso a apuntar que fue concebida «para defraudar aos traballadores». CC. OO. y CIG creen que la reunión de ayer no supuso ningún avance sustancial y apuntan que el proceso continúa su camino. Para el mes de febrero están fijadas algunas citaciones por demandas de cantidades salariales adeudadas a operarios.