Los vecinos de Pedroso reclaman a Granitos Deza el mineral extraído de una zona de monte comunal
DEZA
?os vecinos de Pedroso, en el municipio de Rodeiro, reclaman a la empresa Granitos Deza el mineral extraído en los últimos años en un espacio que ellos defienden como parte del monte comunal. Una petición a la que añaden los daños supuestamente producidos por la actividad de la cantera en las viviendas y la restauración de la zona. Los vecinos sostienen que alrededor del 80% de la piedra extraída por la empresa se sacó de terrenos vecinales. Los habitantes de la parroquia recurrieron al Concello para peritar los daños y fijar el montante total de lo que se reclama a la empresa. Por su parte, Granitos Deza solicitó ya a la Xunta la legalización de la zona donde se encuentra la cantera y que está fuera del terreno objeto de una declaración de efectos ambientales. Cartas y explicaciones La movilización vecinal prosigue y en estos días enviaron sendas cartas al presidente de la Xunta y al conselleiro de Industria. En las misivas le explican la situación y le resumen las denuncias presentadas en los últimos años contra diferentes canteras. Los vecinos quieren que la Xunta explique porqué pese a llevar a cabo inspecciones y controles periódicos Granitos Deza pudo trabajar durante varios años en una zona que estaba fuera del plan de declaración ambiental. Los vecinos no descartan la posibilidad de enviar una carta similar al Ministerio de Industria para poner en conocimiento del Estado su situación y trabajan en la elaboración de una página web que tiene como objetivo divulgar este asunto. Parlamento El BNG se interesó en el Parlamento por las decisiones de la Xunta respecto a la cantera. Por parte de la Xunta se respondió que el 23 de junio la dirección xeral de Calidade e Avaliación Ambiental remitió un informe a la dirección xeral de Industria en el que se daba cuenta del incumplimiento de Granitos Deza de las condicione sde explotación y se les pidió que adoptasen las medidas oportunas. La Xunta ordenó el 23 de julio la paralización cautelar de la explotación y el 21 de enero se le impuso una sanción de 15.000 euros y mantiene la prohibición de trabajar fuera de la zona objeto de la declaración de efectos ambientales.