Los servicios jurídicos sostienen en su informe desfavorable que las alegaciones carecen de base legal Las esperanzas de los once afectados que habían recurrido la expropiación de los terrenos en los que se construirá el nuevo colegio de Lalín han caído en saco roto. De nada han servido las alegaciones presentadas en el Concello. Todos los recursos han sido rechazados. No tienen base legal, sostienen los servicios jurídicos del ayuntamiento. Así las cosas, el 80% de afectados deben decidir ahora entre resignarse, negociar por última vez con el Concello, recurrir a justiprecio o acudir a un contencioso.
11 may 2002 . Actualizado a las 07:00 h.Los servicios jurídicos del Concello de Lalín han informado desfavorablemente todos y cada uno de los recursos presentados por 11 de los 14 titulares de parcelas incluidas en el expediente de expropiación de terrenos para el nuevo colegio, que sustituirá al Manuel Rivero. Los propietarios pedían que o bien se garantizase por escrito la primera fase del plan parcial de Lalín de Arriba o bien que se pagasen los terrenos como urbanizables. En concreto, solicitaban 224,3 euros (37.320 pesetas) por metro cuadrado en lugar de los 7,8 que estipuló el Concello. El alcalde, Xosé Crespo, aseguró que «as alegacións caen polo seu propio peso» y reconoció que «efectivamente se puxo un prezo inferior o que sería xusto, pero para iso xa está o tribunal de xustriprezo que sempre os sube». El regidor ya tiene sobre la mesa el informe final de los servicios jurídicos. Sólo falta su rúbrica y Crespo asegura que firmará esta semana una resolución en la que se recalca que las alegaciones carecen de base legal. El abogado de los afectados había indicado en los recursos que el expediente de expropiación era nulo y vulneraba la ley porque se habían tomado como base al menos seis artículos derogados. También apuntaba a una desviación de poderes y a que no era posible segregar para expropiar, como se había hecho, parcelas de un área de reparto. Todas las irregularidades recogidas en las alegaciones son rebatidas por los servicios jurídicos del Concello. «Se fose como eles din, a Xunta xa non nos permitiría facer ese expediente», resalta Xosé Crespo.