La Comunidad de Montes y veinticuatro particulares presentaron ayer sendos recursos de alzada Fuerte impacto socioeconómico, graves perjuicios sobre la flora, la fauna y el paisaje, escasa distancia de los aerogeneradores a las viviendas, errores en la identificación de las parcelas e incumplimiento de la normativa urbanística. Basándose en estos argumentos, la Comunidad de Montes de Zobra ha recurrido la autorización para construir el parque eólico de Ameixeiras-Testeiro, en Lalín y Forcarei.
28 mar 2001 . Actualizado a las 07:00 h.El documento de los 48 comuneros que conforman la entidad, dirigido al conselleiro de Industria, Juan Rodríguez Yuste, se presentó ayer. El recurso va acompañado de 24 reclamaciones de otros tantos particulares afectados que también exigen que se declare nula la resolución, del 28 de febrero, por la que se autorizan las instalaciones electromecánicas del parque eólico y se aprueba el proyecto de ejecución. Tal y como habían insistido en las alegaciones presentadas en el período de exposición pública, los afectados, que no han llegado a un acuerdo económico con la empresa promotora, Gamesa, mantienen su disconformidad en varios frentes. Aluden al fuerte impacto que tendrá el parque eólico en la economía de la zona, ya que la principal fuente de ingresos de la mayoría de las familias es la explotación agropecuaria y forestal de los terrenos que se verán afectados (sólo los de Zobra suman cerca de 600.000 metros cuadrados). En este mismo sentido, hacen referencia a los perjuicios en la apicultura, la caza y la explotación del turismo rural, además de en las aves y en el paisaje. Pero la Comunidad de Montes y los 24 particulares también inciden en cuestiones urbanísticas. Aseguran que el proyecto incumple la legislación urbanística supramunicipal. Distancia a las viviendas La escasa distancia que separará los aerogeneradores de las viviendas es otro de los aspectos que resaltan. Los vecinos soportarán ruidos considerables, según explica el secretario de la Comunidad de Montes, Xosé Dobarro. Los afectados detectaron numerosos errores en la identificación de las fincas, en su localización y en la superficie con la que figuran en el proyecto, aspectos que también se hacen constar en el recurso.