El Gobierno pide la dimisión del director de la agencia antidopaje por irregularidades

Amador Gómez COLPISA

DEPORTES

Óscar J.Barroso / AFP7 | EUROPAPRESS

El nuevo presidente del CSD exige la marcha de José Luis Terreros «por el daño reputacional al que se expone el deporte español»

05 ene 2024 . Actualizado a las 19:48 h.

Después de destaparse el escándalo y de que el Consejo Superior de Deportes (CSD) denunciase ante la Fiscalía a la Agencia Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (Celad) por presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos y en el control y sanción del dopaje, su nuevo presidente, José Manuel Rodríguez Uribes, exigió este viernes la dimisión del director de este organismo, José Luis Terreros. «Si esta no se produjera, la ministra Pilar Alegría y el presidente del Consejo Superior de Deportes propondrán en el marco del próximo Consejo Rector de la Celad el cese del señor Terreros», anunció el CSD.

«No podemos consentir la más mínima sospecha o duda en relación con la lucha contra el dopaje y con el sistema que debe garantizar el juego limpio, la integridad de las competiciones y preservar la salud de los deportistas», aseguró el CSD a través de un comunicado en el que reconoce que José Luis Terreros no puede continuar en el cargo «ante el cariz de los acontecimientos y del daño reputacional al que se expone el deporte español y nuestro sistema de control».

El Gobierno pone así fin a la etapa del máximo responsable de la agencia española antidopaje tras una investigación desarrollada en el seno del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, a raíz de una denuncia interna, que ha desvelado que la Celad supuestamente tapó casos positivos de diversos atletas y no sancionó a los infractores. «Esta decisión, adoptada desde el máximo respeto a la presunción de inocencia, cuenta con el visto bueno de la Subsecretaría del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y de la Abogacía del Estado y responde al compromiso de dotar a la lucha contra el dopaje de los máximos estándares de transparencia, eficacia, eficiencia y seguridad», destaca el CSD al reclamar la marcha de Terreros. «Debe ser la Fiscalía la que aprecie si existen indicios racionales de la comisión de algún delito», añade.

El CSD también anuncia que la ministra de Educación y Deportes y Rodríguez Uribes «propondrán una revisión del funcionamiento interno de la Celad en aras del máximo control y la máxima transparencia». El nuevo presidente del CSD reitera «el compromiso de España con que todos los deportistas compitan en igualdad de condiciones y con que la pureza del deporte prevalezca, lo que pasa por garantizar el estricto cumplimiento del Código Mundial y de la normativa antidopaje, con el fin de que siempre se vean implementadas las medidas más estrictas de control y se fomente una cultura deportiva que valore la ética y la integridad de todas las competiciones». «Con ese fin, España subraya su total predisposición a colaborar lealmente con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA)», proclama el CSD.

La AMA tilda de inaceptable la mala praxis antidopaje de la CELAD

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) aseguró ser consciente de las informaciones aparecidas en relación con las acusaciones relativas a la Agencia Antidopaje Española (CELAD) por presunta mala praxis en controles antidiopajes y en cuanto a posibles ocultaciones de casos positivos en atletas españoles. «La AMA rechaza enérgicamente la insinuación de que alguna vez haría la vista gorda ante cualquier caso válido. La Agencia confirma que todos los casos han sido objeto de un seguimiento reiterado a través del proceso de gestión de resultados y que algunos siguen pendientes», aseguró la Agencia Mundial Antidopaje en un comunicado.

En el mismo, reconocen que la CELAD está siendo investigada a fondo y es foco de un seguimiento total por parte de la AMA, que incluso apartó a la CELAD de varios controles y los derivó a otros entes internacionales.

La Agencia Antidopaje Española (CELAD) habría pagado con fondos públicos controles irregulares durante cinco años, lo que habría provocado que no se sancionasen casos positivos, y realizado de forma irregular otros test.