Cuando uno ejerce un cargo de representación pública, ya sea en política, ya sea ostentando la presidencia de una federación deportiva tan importante como la de fútbol, como sucede desde hace ya muchos años con Villar, no se puede tener como bandera, como pauta de comportamiento, la de ignorar no solo el estricto cumplimiento de las leyes, sino el más mínimo respeto, tanto a las normas de normal convivencia, como a las personas a las cuales se representa o para las cuales, no lo olvidemos, se presta un servicio.
El ejercicio de un cargo exige responsabilidad, no solo la legal, que por supuesto también, sino, a su vez, la de ejercer el mismo con coherencia, sin abusos de autoridad, sin prepotencia, sin excesos, escuchando a tus opositores, ya sean minoría o no; y, sobre todo, respetando las reglas de juego, la consideración al entorno y el respeto por la regulación en la que está inmersa la institución que presides.
La estrategia del desafío constante, del enfrentamiento permanente, de la desobediencia y de la beligerancia como estandarte, no pueden servir como modelo de nada, y menos de una entidad como la RFEF.
Todos conocemos dirigentes que usan o han utilizado la casa de todos, que ellos presiden temporalmente, como su cortijo, en el cual, al amparo de la obtención de títulos, Ligas, Copas, Eurocopas o incluso un Mundial, hacen «de su capa un sayo», personas que solo distinguen entre amigos o enemigos, en función de si se les muestra pleitesía o no, y que se especializan en retar a cualquier poder establecido, por el mero hecho de desafiar el stablishment, sin respetar a nada ni a nadie, más que a sus acólitos y a sus particulares intereses.
Y así, desafían por igual a secretarios de estado que a organizaciones internacionales o a la propia administración de Justicia, con absoluta impunidad, escudándose en su cargo y amparándose en falsos sentimientos o desvirtuadas ideologías. Y lo peor es que, además de su inaceptable modelo de gestión, dejan una envenenada herencia a sus sucesores, quienes, en muchos casos, pretenden gestionar con transparencia, profesionalidad y rigor. Por todo ello, a personas que actúan de tal manera, el sistema debe encargarse de recordarles y hacerles ver, incluso de forma imperativa, que no todo vale.