En el año 1997 el número de licencias para pesca fluvial expedidas en Galicia fue de 94.514, según los datos facilitados por la Xunta. Esta cifra cayó a poco más de sesenta y seis mil en el 2012 y la tendencia a la baja se mantiene firme. Esta progresiva deserción de pescadores bien podría estar relacionada con una peculiar gestión pública de un recurso natural como la riqueza ictícola fluvial. La escasa transparencia cuando no la ausencia de información respecto de las razones que mueven a la Administración a reducir y complicar burocráticamente cada vez más el ejercicio de la pesca deportiva unido a una débil cohesión del colectivo de aficionados va alejando gradualmente a la población de esta práctica. Una práctica que gestionada con tino e inteligencia debería ser una importante fuente de ingresos para el erario.
La creciente complejidad de una normativa que establece una variedad de tallas de las capturas, de los cupos, de las fechas, de los días hábiles, de las vedas, de las jornadas inhábiles, de las técnicas piscatorias, la falta absoluta de señalización a pie de río, la deficiente información sobre las características de cada acotado, etcétera no contribuyen a fomentar una actividad lúdica de una forma responsable y sin perjuicio para el recurso natural. Pero estas cuestiones no parecen preocupar a la consellería.