El Atlético de Madrid debe a Hacienda más de 200 millones de euros (unos 33.200 millones de pesetas). Y sigue funcionando y pagando traspasos enormes y unas fichas espeluznantes a sus futbolistas sin que en la Agencia Tributaria llamen a capítulo a sus dirigentes.
El Estado ha sido cobarde. Los políticos han mostrado miedo al fútbol, a perder los votos de los aficionados y caer en la impopularidad que pueda suponer la aplicación de la Ley en aquellos clubes en los que se está incumpliendo. Y así han creado una estirpe de dirigentes que, sabedores de su impunidad, pasan continuamente de un lado a otro de la línea que separa lo legal de lo ilegal, lo moral de lo indecente. Y cuando un delegado de Hacienda aprieta las tuercas, como sucede en Valladolid, se le acusa de querer hundir al club de la ciudad.
Pero en realidad lo que está hundiendo a los clubes españoles es la no aplicación de la Ley. Si desde el principio se hubiera actuado contra los dirigentes que han defraudado al Estado, el fútbol seguiría existiendo, pero habría dejado de oler a podrido.