Habrá Liga, tal y como estaba previsto. Pero el pulso de los dirigentes del fútbol al Gobierno no ha concluido. Ni acabará hasta que, o bien el Estado se pliegue a su chantaje; o bien la Administración pase a la acción y abandone su política del avestruz. Y es que los políticos han dimitido tanto de su responsabilidad que los directivos se han crecido hasta el infinito. Solo así se explica que debiendo más de cien mil millones de pesetas a Hacienda muestren tal arrogancia.
Es posible que nada de esto hubiera sucedido si el Gobierno, haciendo uso de las facultades que le otorga la ley, hubiese metido mano a las deplorables cuentas de las sociedades anónimas. No hay que olvidar que el Consejo Superior de Deportes recibe anualmente la contabilidad de las sociedades anónimas deportivas. Y que el propio CSD tiene la potestad de encargar auditorías independientes.
Por tanto, el CSD, es decir, el Gobierno, no puede decir que desconocía la quiebra del fútbol español. Y tampoco puede decir sin que alguien se ponga colorado que no sabía que en las sociedades anónimas deportivas se han maquillado las cuentas, lo que indudablemente conlleva responsabilidades que podrían ser tanto patrimoniales como penales.
En todo este asunto, políticos como Jaime Lissavetzky, que se despide de su puesto de secretario de Estado, han defraudado a los españoles. El problema del fútbol no se arreglará hasta que un Gobierno valiente no pase al ataque y, en el ejercicio de sus obligaciones y siempre con la ley en la mano, ponga delante de los jueces a quien tenga que poner y ordene a Hacienda embargar a quien tenga que embargar.