El presunto amaño de partidos del Hércules para subir a Primera División ha mostrado el lado más turbio del fútbol de una manera sin precedentes en España
08 ago 2010 . Actualizado a las 02:09 h.«Las primas a terceros, dicen que haberlas, haylas». Así se pronunció Javier Clemente antes del partido entre el Valladolid y el Atlético de la pasada campaña, cuando los blanquivioletas se jugaban el descenso y los colchoneros nada. Desde las Ligas perdidas por el Real Madrid en Tenerife al principio de los 90 hasta el partido Las Palmas-Rayo del año 2009, las sospechas sobre la existencia de estas pagas siempre han acompañado al fútbol. Los maletines para comprar voluntades y conseguir triunfos que valen títulos o provocar derrotas del inmediato rival son temas habituales al final de cada temporada.
Pero, al igual que las meigas, nadie sabía cómo funcionaban. Hasta ahora. Las escuchas telefónicas entre el máximo accionista del Hércules, el empresario Enrique Ortiz, y el capitán del equipo, Tote (ex jugador del Real Madrid y del Betis), muestran de manera descarnada y sin tapujos el lado más turbio del fútbol de élite. El presunto proceso de compraventa de partidos que ha visto la luz a raíz del caso Brugal, una trama de adjudicaciones irregulares de basuras en Alicante, ha removido los cimientos del deporte y provocado que el Gobierno intervenga.
Reticencias judiciales
El Ejecutivo ha puesto en marcha una ofensiva judicial a través de la Abogacía del Estado para perseguir lo que considera una «infracción muy grave». En la transcripción de las grabaciones a las que tuvo acceso el diario El País quedaría demostrado el intento del dirigente del Hércules de comprar los partidos contra el Salamanca, Córdoba, Girona y Recreativo, de las jornadas 34, 36, 37 y 38 de la pasada campaña, para asegurarse el ascenso.
De las conversaciones se extrae que no todos los equipos aceptaron las primas para dejarse ganar, lo que exasperaba al dueño del Hércules. «Primero le íbamos a dar 300.000 al equipo (Córdoba), pero dijeron que no se vendían, que les hacían falta los puntos».
Sin embargo, Ortiz no desistía en su intento de asegurarse los tres puntos. El caso más explícito es el del portero del Córdoba, Raúl Navas, quien según las transcripciones, habría aceptado 100.000 euros por dejarse ganar. En ese partido, el Hércules venció 4-0. La actuación del guardameta no pasó desapercibida para los implicados: «En el primer gol de Tote se tira para el lado contrario», llega a exclamar el mandatario alicantino. El cancerbero, en plena pretemporada con los cordobeses, respondió: «Hacer daño es muy fácil. No he hecho absolutamente nada».
Sin delito penal
Pese a la gravedad del asunto, el Código Penal no recoge aún el amaño de partidos como un delito. La modificación legal realizada para castigar esta conducta entrará en vigor el 22 de diciembre. Sin embargo, en el artículo 76.1 de la Ley del Deporte 10/1990 se considera infracción muy grave «las actuaciones dirigidas a predeterminar mediante precio, intimidación o simples acuerdos, el resultado de una prueba o competición». Es por eso que el Consejo Superior de Deportes (CSD) quiere investigar el caso. Pero necesita las transcripciones telefónicas que obran en poder del juez José Luis de la Fuente. El instructor del caso se niega a facilitar las pruebas, que están bajo secreto de sumario, al considerar que se vulneraría el derecho a la intimidad de los investigados.
El Gobierno no se quedó de brazos cruzados y el viernes apeló la decisión a través de la Abogacía del Estado, con la intención de perseguir a los culpables a través de la vía administrativa y acabar con la sensación de impunidad relacionada con este tipo de conductas.
El propio Código Disciplinario de la Federación Española de Fútbol recoge en su artículo 75.b que la predeterminación de resultados «ya sea por la anómala actuación de uno de los dos equipos contendientes o de algunos de sus jugadores» será sancionado con la inhabilitación de 2 a 5 años. Además, las consecuencias para el club beneficiado podrían ser «la pérdida de la categoría si se demuestra vínculo con los autores de la infracción». El Betis, que terminó en cuarta posición empatado a 71 puntos con el Hércules, exige justicia. Desde el club verdiblanco ya han sonado voces que reclaman ocupar el puesto de los alicantinos en Primera División. La afición bética prepara movilizaciones para presionar al CSD y a la federación.
Este caso también afecta a las Apuestas del Estado, en concreto, a la quiniela. Si los partidos estaban amañados se produjo un falseamiento en los resultados, es decir, un fraude. La Abogacía del Estado lo explicó en su recurso e instó a la Liga a tomar cartas en el asunto, ya que parte de su financiación proviene de las quinielas. La batalla judicial se prevé larga e incierta.