La sanción impuesta por la UEFA al Atlético de Madrid por los incidentes del partido contra el Olympique de Marsella en el Vicente Calderón ha conseguido unir no solo al mundo del deporte, sino también a todos los grupos políticos, que claman contra una resolución que consideran «desproporcionada» e «injustificable». El cierre del estadio rojiblanco se ha convertido en una cuestión de Estado.
La oposición se suma al Gobierno en el apoyo al club colchonero y a la policía y exige justicia a la UEFA, cuyo presidente, Michel Platini, recibirá en los próximos días una carta de José Luis Rodríguez Zapatero en la que el jefe del Ejecutivo defenderá, «con argumentos», la actuación de las fuerzas del orden frente a los ultras del equipo francés, criticada por el máximo organismo del fútbol continental. Platini había remitido con anterioridad a Zapatero una misiva en la que mostraba su preocupación por las situaciones vividas en los campos españoles y culpaba a la policía de los incidentes.
«Estoy con el Atlético y con la policía», sentenció ayer el presidente del Gobierno cuando se le preguntó por la clausura del Calderón. Diferentes ministros y responsables del PP, Izquierda Unida, CiU y Esquerra Republicana criticaron también con dureza el fallo de la Comisión de Control y Disciplina de la UEFA.
«Es un atraco», dijo el ministro de Industria, Miguel Sebastián. «El Atlético no se merece esto y quiero que todos sus seguidores sepan que tienen mi apoyo a muerte», añadió. Sebastián, que fue candidato a la alcaldía de Madrid por el PSOE y es seguidor del equipo rojiblanco, cree la decisión de la UEFA «tremendamente injusta».
El PP, a través de su portavoz de Deportes, Francisco Antonio González, también ofreció su «apoyo incondicional» al club rojiblanco, al Gobierno y a la policía, y acusó a la UEFA de utilizar «una doble vara de medir». El diputado popular defendió la reacción de la policía ante «unos salvajes», los dos centenares de radicales del Olympique, que emprendieron en la grada una batalla contra los agentes de seguridad, a quienes lanzaron decenas de sillas y otros objetos.
La actuación policial también recibió el apoyo de la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, que compartió las manifestaciones del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, socio del Madrid, al quejarse de la «excesiva sanción». IU y los grupos catalanes CiU y Esquerra Republicana (ERC) coincidieron en lamentar «que pagan justos por pecadores».
La delegada del Gobierno, Soledad Mestre, presentó ayer un informe en el que se justifica la actuación «correcta, proporcionada y necesaria» para que el club pueda defenderse en la apelación. Aporta además vídeos en los que se observan violentos ataques de los ultras a los agentes, imágenes que el Atlético podrá utilizar para recurrir. El club cree, además, que hay un defecto de forma en la reclamación del Olympique, ya que fue presentada fuera de las 24 horas posteriores al partido que establecen las normas.