El proceso disciplinario por los partidos amañados en la Liga italiana se reanudó ayer en Roma, después de que el Juventus, el principal club acusado, intentara a última hora del miércoles negociar su sanción, reconociendo así claramente su responsabilidad en el escándalo. Además de la Juve, el Milan, el Lazio y el Fiorentina se arriesgan a un descenso a la Serie B, o incluso a la tercera división (Serie C) en el escándalo de manipulación de partidos por el que ocho árbitros italianos son juzgados por la justicia deportiva, acusados de haber favorecido deliberadamente a ciertos equipos. El proceso se reanudó ayer por la mañana con los alegatos orales de los clubes. El abogado del Juventus, Cesare Zaccone, dijo lo siguiente tras saber que el fiscal de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) había solicitado un descenso del Juventus como mínimo a la Tercera División con seis puntos de penalización: «La sanción es aceptable, algo sufrida pero aceptable. Es la misma propuesta que para los otros equipos, es decir, descenso a la Serie B con puntos de penalización». Acto seguido, el presidente del Tribunal Disciplinario Cesare Ruperto, de 81 años de edad, respondió: «No digas aceptable. Eso huele a negociación». Varios analistas señalaron que un descenso a la Tercera División tendría consecuencias financieras catastróficas para el Juventus, uno de los tres clubes que cotiza en la Bolsa en Italia. Por eso, el abogado del club turinés intenta negociar el castigo. Además, desde el inicio del escándalo, en mayo pasado, los propietarios del Juventus, la familia Agnelli, han intentado distanciarse de su antiguo director general, Luciano Moggi, sospechoso de haber sido el gran maquinador del sistema de partidos amañados y gran ausente en el proceso disciplinario. Franco Carraro se defiende El presidente dimisionario de la Federación Italiana de Fútbol, Franco Carraro, sospechoso de haber favorecido al Lazio de Roma en la temporada 2004-2005 se enfrenta a una petición de suspensión de cinco años. «Nunca he hablado a un solo árbitro como presidente de la FIGC», se defendió, aunque admitió que en momentos «especialmente delicados» recordaba su responsabilidad a los funcionarios de la FIGC encargados de designar a los árbitros.