La Terraza, pendiente de la concesión y de la declaración de BIC

Costas aún no ha respondido a los dueños del edificio tras el vencimiento de la cesión del suelo

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c. a.
sada / la voz

Los dueños de La Terraza de Sada siguen sin recibir una respuesta de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar en cuanto a la concesión de los terrenos donde está asentado el edificio modernista tras su vencimiento el pasado domingo, 96 años después del primer permiso. Los dos propietarios del café-restaurante pidieron una prórroga de la concesión para poder seguir ejerciendo su actividad sin que esté en peligro la continuidad de la construcción en el actual emplazamiento.

El Concello, por su parte, se opone a la petición de la moratoria, argumentando que la actual Ley de Costas (en su artículo 81) indica que, una vez vencido el plazo de prórroga y sin haber tenido respuesta de la Administración correspondiente, esta se entiende desestimada. «Habería que volvelo a sacar a concesión», asegura Francisco Xosé Montouto, concejal de Urbanismo e Emprego. Mientras tanto, el negocio continúa abierto y en normal funcionamiento. 

Declaración de BIC

El quiosco, levantado por primera vez en 1912 en A Coruña y trasladado tan solo ocho años después a Sada, también se encuentra a la espera de que la Consellería de Cultura le otorgue la catalogación de Bien de Interés Cultural tras el período de alegaciones mediante un expediente que acumula cuarenta años de retraso. Según el Concello, la declaración como BIC abriría las puertas para la concesión de ayudas económicas provenientes de la Xunta para su restauración y mantenimiento y considera una buena noticia que la fecha esté cerca, aún habiéndose alargado los trámites siete años. «Isto indica que se vai preservar o edificio e se van establecer unha serie de obrigas co mesmo. A partir de aí veremos cales son os cauces que hai a través de todas as Administracións implicadas para poder restauralo», asegura Montouto.

A día de hoy La Terraza tan solo está amparada por el PXOM actual, aprobado en octubre del 2017, mediante el cual se le considera un inmueble protegido y se le asigna un grado de protección integral con responsabilidades exclusivas del Ayuntamiento. Un informe de la propia Xunta atestigua que el estado de conservación de la construcción es precario, en especial en lo relativo a sus elementos compositivos y ornamentales, y que precisa de una restauración adecuada que pueda recuperar aspectos de color y diseño de los que se conservan los datos originales.

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