Una concejala del PP de Sada acusa al nuevo gobierno de «persecución»

La Voz LA VOZ | A CORUÑA

SADA

XOSÉ CASTRO

El Concello amenazó con cerrar la entidad que preside si no presentaba su documentación Otra trabajadora municipal denuncia que la cambiaron de ubicación por culpa de Elena Ramallo

19 jun 2003 . Actualizado a las 07:00 h.

?uando no han pasado ni cinco días de la investidura del nuevo gobierno local de Sada, los cruces de acusaciones entre la oposición y los responsables del Concello no han cesado. En esta ocasión, la edil popular Manuela Martínez Souto ha sido la que ha abierto la caja de los truenos y acusa al equipo de Abel López de «persecución». Hace unos días le llegó un escrito en el que se le solicitaban toda la información relativa a la asociación de mujeres Meigas, que ella preside. Según el escrito, «de no presentar el citado informe, se procederá al cierre inmediato de esas instalaciones hasta que no se aclare la situación, tras la investigación y estudio posterior que se practique». La concejala popular acudió ayer al registro municipal para entregar los documentos y denunciar las maneras en las que se ha realizado la solicitud. «Nosotros no somos delincuentes, y la asociación no tiene nada que ver con mi condición política ni con el Ayuntamiento. Lo que no queremos es sentirnos amenazados ni ser tratados con estas malas formas», explicó Manuela Martínez. Pero ella no ha sido la única en tachar de inapropiadas las decisiones del nuevo ejecutivo local. Una auxiliar administrativa del Concello, que ha sido trasladada del registro al departamento de la policía, declaró que ella ha sido «la única persona a la que han echado fuera. Elena Ramallo dijo que no pararía hasta que me echaran. Echar no me echaron, pero me mandaron a otro sitio», señaló la afectada. Explicaciones Por su parte, el nuevo alcalde, Abel López, argumentó sobre la denuncia de la concejala popular que, «o que debería facer é aceptar os resultados electorales e deixar de molestar e entorpecer o labor municipal. A orde de pedir a documentación ven motivada por unha decisión do anterior goberno pola que están a compartir locales de titularidade municipal entidades públicas e privadas». Sobre el cambio de ubicación de la administrativa, el regidor justificó que la policía había reclamado una persona y «fixemos unha redistribución do personal e decidimos que fose esta persoa».