«Conseguí lo más difícil: un trabajo»

La Xunta le niega a Lidia Coira, con un 76? % de discapacidad, la cualificación para ser integradora social, si bien la tituló para ello


A Coruña / La Voz

Está indignada. Nunca lo ha tenido fácil desde que con nueve años le diagnosticaron una discapacidad visual del 76 por ciento. Tenía claro que no iba a quedarse en casa así que estudió, hizo prácticas en Culleredo y se puso a trabajar. Ahora Lidia Coira tiene 34 años y «hasta la fecha siempre que una empresa me ha contratado ha percibido su correspondiente subvención por parte de la Xunta de Galicia por contratar a una persona con discapacidad».

Lo primero que ha hecho con su indignación ha sido plasmarla en una queja que ha presentado al Defensor del Pueblo para explicarle una situación en la que, argumenta, «me siento discriminada». Y es que la Xunta le ha negado dicha subvención a la empresa en la que trabaja actualmente como integradora social en uno de los centros de día de A Coruña. Detalla que dicha empresa, en la que está desde hace casi dos años, presentó la documentación correspondiente ante el Gobierno autónomo.

Sin embargo, la respuesta ha sido negativa «alegando que yo ?no estoy capacitada para realizar las funciones de integradora social?, según un experto del EVO (equipo de valoración) que ni se ha molestado en ver personalmente cómo desarrollo mis actividades laborales, ni conocer mi puesto de trabajo».

Frente al argumento de la falta de capacidad para su labor de integradora social, Lidia Coira argumenta, claramente molesta: «Dispongo de la correspondiente formación como Técnico Superior en Integración Social, ciclo homologado por la Xunta de Galicia y que superé, tanto en la teoría como en las prácticas». Y lanzada en la exposición de sus razones recuerda que no solo superó el reto de formarse sino que se encuentra con «la motivación de querer salir a trabajar y ganarme la vida dignamente y no quedarme en casa con una pensión, como lamentablemente ocurre mucho en este país».

Explica asimismo: «Mi actual empresa me ha dado la oportunidad de trabajar para aquello en lo que me formé». En este sentido dice: «He conseguido lo más difícil que es un puesto de trabajo; solo quiero trabajar, estar con las personas mayores en el centro donde estoy haciendo cosas con ellas». Y es que, argumenta: «Me siento discriminada pues ningún experto, por mucha formación que tenga, puede valorar a otro ser humano como no capacitado a distancia, sin evaluar el lugar del trabajo, ni entrevistar físicamente a la persona; me parece una discriminación, además de una incoherencia ya que la propia Administración es la que acredita mi titulación».

Según los «criterios médicos»

Desde la Consellería de Política Social indican que las decisiones de este tipo «f

undaméntanse en criterios médicos

» y que se da un «escaso número de informes

non

aptos». En el caso de Lidia Coira, «

a Xunta emitiu un informe para esta persoa que resultou non compatible no seu posto de traballo. Unha decisión tomada polo equipo médico encargado de tomar este tipo de valoracións á vista dos materiais que tiña que utilizar e que se detallaban na solicitude

». Explican desde Política Social que este programa de integración al que se acogió Lidia está regulado por la Orden de 2 de junio del 2014.

El factor humano Los obstáculos para recibir ayudas a la integración

La empresa que la empleó inició un contencioso contra la Administración

Lidia Coira es rotunda en sus explicaciones. Así, asume que las empresas que la contrataron hasta ahora «en muchas ocasiones parecían más interesadas en esta subvención que concede la Xunta que en darme responsabilidades o realmente integrarme como una más en la plantilla y no estar solo para calentar la silla». Sin embargo, en la firma para la que trabaja desde hace casi dos años se han tomado el asunto en serio y después de recurrir la primera negativa de la Xunta, han iniciado un contencioso administrativo para que se le reconozca el derecho a percibir dicha ayuda. Lidia reconoce que tras la decisión de no capacitarla, la empresa que la contrató podía haber prescindido de ella «y es un despido procedente». No lo ha hecho, «aquí valoran mi trabajo» y está agradecida.

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