El preacuerdo para no tirar la vieja sede de Fenosa prevé compensar al denunciante con 2,6 millones

El resultado de la mediación tiene que ser validado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia


A Coruña

El Ayuntamiento anunció ayer que las partes implicadas en el conflicto judicial por el edificio levantado donde estaba la antigua sede de Fenosa han alcanzado un acuerdo para evitar su derribo. Ese pacto es fruto del proceso de mediación que se inició el pasado octubre, y todavía debe ser validado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que tiene el deber de ejecutar la sentencia sobre el inmueble.

Ese dictamen, emitido en el año 2001 y corroborado por el Tribunal Supremo, obliga a derribar el inmueble. La demolición implicaría que el Ayuntamiento tendría que indemnizar a los propietarios, lo que supondría un desembolso de 60 millones, según el actual gobierno.

El preacuerdo, según el comunicado municipal, prevé eliminar las incertezas legales sobre el inmueble con una modificación del plan general para incluirlo como «edificio singular». Esos trámites podrían alargarse durante meses.

Además el preacuerdo prevé «o recoñecemento público da responsabilidade da Corporación municipal respecto da anulación da licenza», la adopción «dun Protocolo de Boas Prácticas urbanísticas», «a construción por parte do Concello dun edificio de arredor de 50 vivendas de protección oficial no parque Ofimático a proposta da parte recorrente e en concepto da renuncia desta a esixir a íntegra compensación que considera que lle correspondería», y el reconocimiento al mismo «dunha indemnización polos danos persoais de índole moral causados á recorrente durante máis de 21 anos».

Esa compensación económica superaría los 2,6 millones de euros, según confirmaron distintas fuentes conocedoras del preacuerdo. Por su parte, el denunciante evitó comentar detalle alguno del texto, recordando que está sujeto a confidencialidad.

Precisamente, la decisión del gobierno local de enviar un comunicado antes de la decisión del TSXG, a pesar de que se hizo firmar a todos los implicados un compromiso de confidencialidad, provocó críticas de los grupos de la oposición. Las tres portavoces de PP, PSOE y BNG reprocharon al alcalde, Xulio Ferreiro, que el gobierno local hiciese públicos datos sobre el pacto mientras que no se ha facilitado ningún documento a los demás partidos del pleno, y de que se les insistió que no revelasen detalle alguno del documento.

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