Xunta y Estado, enrocados en la ría

La Administración autonómica reclama una nueva reunión técnica


A coruña /la voz

La licitación del dragado de la ría no avanza. En las últimas semanas ha aumentado el cruce de acusaciones entre la Xunta y el Estado sobre quién es el responsable de este último bloqueo, ambos señalan hacia el contrincante y se apoyan en distinta normativa para no bajarse de su posición. 

Último episodio

Sin contestación de Madrid. La Xunta reconocía ayer abiertamente que existen «desencontros» al respecto de este proyecto y aseguró que ha movido ficha. La conselleira de Infraestruturas. Ethel Vázquez, se ha dirigido por escrito y telefónicamente al secretario de Estado de Medio Ambiente solicitando una nueva reunión con técnicos jurídicos de ambas Administraciones, pero no consiguió hablar con el secretario de Estado ni que se aceptase su petición una reunión, que considera imprescindible para desbloquear las posiciones. En su caso, sostiene que la actividad de los mariscadores, cuyas licencias son autonómicas, no impide poner los terrenos a disposición para la obra. 

Estado

Posición avalada por un informe de la Abogacía del Estado. El Ministerio de Transición Ecológica insiste en que sigue los pasos que establece la normativa en el proceso de licitación de la obra y remarca, aludiendo a un informe de la Abogacía del Estado, que «no se puede licitar la obra si no hay una disposición plena de los terrenos». En este sentido, asegura que si la Xunta no libera el plan de marisqueo en la ría de O Burgo no se puede poner en marcha el expediente de contratación ni iniciar el procedimiento de adjudicación de la regeneración.

El obstáculo

La actividad extractiva. Desde el sector marisqueo se pide una solución al conflicto, que han llegado a tachar de electoralista, y han recordado a las Administraciones que está en juego un problema medioambiental y económico. Cuestionan que se les ponga ahora a ellos en el punto de mira cuando ya solo trabajan 50 a pie y ocho embarcaciones en una ría cuyas zonas productivas quedaron reducidas al 18 %. Estiman que en el trasfondo está quién asumirá la indemnización por el período que estarán obligados a parar y reclaman mayor capacidad de diálogo. 

Financiación

Concedida. En esta ocasión no es un problema de financiación, ya que están comprometidos fondos estatales y europeos para una obra que se eleva a 46,3 millones de euros. Sin embargo, se podría perder. Desde el ministerio remarcan que el plazo límite de ejecución de los fondos europeos del actual período finaliza en el 2023. «Con lo cual, si en breves fechas no se ponen a disposición esos terrenos para poder licitar y adjudicar el proyecto se corre el riesgo de perderlos», advierten. 

concellos

Unidos para que avance. Los concellos que dan a la ría (A Coruña, Oleiros, Cambre y Culleredo) comparten la necesidad de la obra, pero aunque han asistido a reuniones no tienen capacidad real de forzar el desbloqueo y llevan años esperando por el dragado. 

Comisión europea

Seguimiento. En una respuesta a la Cofradía de Pescadores, la Comisión Europea asegura que seguirá de cerca el proyecto de dragado y que presionará para su saneamiento integral, pero antes deben de poderse adjudicar.

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