Entre los días 13 y 20 hubo tres incidentes con cables cortados y una pala averiada
25 nov 2019 . Actualizado a las 19:46 h.Inmersa en un conflicto que pone en riesgo el empleo de 59 personas y el mismo futuro de la instalación, la planta de reciclaje de Nostián ha sufrido cuatro presuntos sabotajes entre los días 13 y 20 de este mes. Tres incidentes afectaron a instalaciones eléctricas y provocaron riesgo de incendio. El cuarto, que afectó a una pala que se utiliza para mover materiales, puso en peligro la vida de al menos un operario. Los sucesos han sido comunicados por la gestora de las instalaciones, la compañía Albada, una filial de Urbaser, al Ayuntamiento y al comité de seguridad y salud.
El primer incidente tuvo lugar el 13 de noviembre, cuando una cinta transportadora no entró en funcionamiento. Al revisar la instalación se detectó que se había practicado un corte limpio en el cableado de la maquinaria, que estuvo parada 60 minutos. El cortocircuito quemó algunas piezas del aparato, pero no hubo incendio. Las reparaciones han sido valoradas en 750 euros.
El día 18 se produjeron otros dos incidentes similares. A las cinco de la madrugada de ese día se intentó arrancar un tromel, una máquina que utiliza un tambor de gran tamaño para cribar materiales. No entró en funcionamiento y, al revisar el aparato, se descubrió que el cable de alimentación había sido cortado de «forma deliberada». El incidente retrasó el arranque de la instalación durante una hora y ocasionó desperfectos cuya reparación ha sido valorada en 1.750 euros.
Ese mismo día se produjo otro incidente en un transportador de tablillas. La máquina también tuvo problemas para ponerse en marcha e incluso saltó uno de sus interruptores. Los técnicos comprobaron que no se había producido un atasco y, durante la revisión, advirtieron que se había cortado el aislamiento. Como consecuencia, parte de los cables se quemaron y se derritieron piezas de plástico. Fuentes de la planta señalan que fue el incidente más peligroso de los tres, ya que podría haber ocasionado un incendio que, a través de la cinta transportadora, se extendiese por las instalaciones.
Además, el día 20 se produjo otro supuesto sabotaje en una pala de transporte. El trabajador que la estaba utilizando detectó que la máquina funcionaba de forma incorrecta y se iba hacia un lado. Por suerte la máquina se desplazó hacia una zona en la que estaban acumulados residuos, y no hacia los espacios de circulación de automóviles.
El conductor revisó la pala y advirtió que se habían retirado seis de las diez tuercas que sujetan una de las llantas delanteras. Los ojales de los otros cuatro agarres se habían deformado por el sobreesfuerzo. La pala quedó fuera de servicio y la reparación ascendió a 4.000 euros.
Otros casos de este año
No es la primera vez que la gestora denuncia posibles sabotajes de las instalaciones. El pasado 3 de abril, a las 6.30 horas, se produjo una interrupción de las comunicaciones internas con los dispositivos y sistemas de la planta. La comunicación se restableció parcialmente poco después.
Durante la investigación posterior se encontró un cable de comunicaciones cortado que había sido vuelto a introducir en el plástico protector, lo que dificultó que fuese detectado. La gestora consideró el incidente «especialmente grave» porque afectó a sistemas críticos como el tanque de biogás, la antorcha de seguridad, los sistemas de control de metano o de aislamiento. Aquel suceso se produjo también en un momento de crispación, al inicio de las protestas para reclamar un nuevo convenio laboral.
Análisis
El Ayuntamiento asume un conflicto con más actores y que se está calentando
La concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán, confirmó ayer que el lunes irá un inspector municipal a Nostián para investigar los supuestos sabotajes en las instalaciones. Como ocurrió con las protestas del viernes en María Pita, el Ayuntamiento debe asumir las consecuencias del conflicto, ya que es el propietario de la planta, pero no es el único actor en lo que está ocurriendo.
Su mayor responsabilidad es no haber tramitado los pliegos del nuevo contrato de gestión de las instalaciones en el plazo correcto. Era cosa sabida que el contrato finalizaría el 1 de enero, pero el anterior gobierno de la Marea no puso el procedimiento en marcha a tiempo, y la propia gestora de la planta le ha recriminado en varias ocasiones ese retraso, que a su juicio le ocasionará pérdidas económicas que no tiene obligación de asumir.
Como consecuencia, ha anunciado que no seguirá gestionando la basura de los municipios del Consorcio As Mariñas, ya que entiende que la relación que tiene con esa entidad es puramente mercantil, no una concesión administrativa. La bajada en la producción derivada de esa decisión justificaría el recorte de empleo de 39 operarios fijos y al menos 20 trabajadores eventuales.
La relación entre la compañía y la entidad supramunicipal siempre ha sido tensa, hasta el punto de que el Consorcio no ha iniciado una negociación directa con la concesionaria. Por el momento ha formado un frente común, cada vez más firme, con el Ayuntamiento de A Coruña, que como propietario está asumiendo el grueso del conflicto.