El grueso de las 200 comisiones de servicio que la CIG contabilizó cuando presentó la demanda se otorgaron en este mandato y en el anterior
07 nov 2018 . Actualizado a las 13:02 h.«Es el mayor terremoto para el área de personal del Ayuntamiento en su historia», señaló ayer un veterano funcionario sobre la sentencia del Contencioso, que pone en la picota una mala práctica administrativa a la que no ha sido ajeno ningún gobierno municipal.
El dictamen obliga a regularizar la situación de más de 150 funcionarios cuyos nombramientos habrían caducado, pero afectará a otros 50 más, cuyo nombramiento aún está dentro del plazo legal pero terminará más pronto o más tarde. Pero esa regularización tardará. Aunque el Ayuntamiento no fue capaz de plantear al juez ni un solo argumento que explique las irregularidades, el gobierno local anunció ayer que apelará su dictamen.
Esa decisión, sumada a la falta de argumentos para sostenerla, refuerza los temores del sindicato denunciante de que el gobierno local solo tratará de retrasar que se aplique la sentencia judicial. Así, aunque el «mayor terremoto» estallará casi con total seguridad, si los plazos acompañan llegará convenientemente después de las próximas elecciones. Será parte de la herencia recibida para el gobierno que venga.
Salvo si lo encabeza un partido inédito en María Pita, ninguna de las formaciones con representación en el pleno podrá decir que ignora lo ocurrido. Hay comisiones de servicio vigentes desde el año 2007, aunque son pocas.
El grueso de las 200 que la CIG contabilizó cuando presentó la demanda se otorgaron en este mandato y el anterior. Unas 27 son anteriores a las municipales del 2011, cuando el PP llegó a la alcaldía. Los populares aprobaron 72 comisiones de servicio durante su gobierno. Esos nombramientos fueron muy criticados por la oposición, que insistió en denunciar los fichajes «a dedo» del ejecutivo popular.
Pero en el actual mandato, el ritmo, lejos de reducirse, se incrementó y se mantuvieron o renovaron nombramientos del ejecutivo precedente. Solo en el 2017 la Marea aprobó 39 comisiones de servicio. Hasta la fecha de presentación de la demanda el ejecutivo de Xulio Ferreiro había dado 77 nombramientos de ese tipo.
Las quejas sindicales y la presentación del recurso ante el juez no interrumpieron esa práctica. De hecho, la semana pasada el gobierno local dio otras ocho comisiones de servicio más, lo que incrementaría el total desde mayo del 2015 a 85 nombramientos.
Parte de los altos cargos del gobierno están en su puesto a través de ese mecanismo. De hecho, seis jefes de servicio fueron nombrados por esa vía y ya habrían superado los dos años: Asesoría Jurídica, Educación, Xustiza Social, Rehabilitación e Vivenda, Interior y Atención Ciudadana, y Personal. Además, el gobierno local ha nombrado por el mismo sistema a los jefes de servicio de Cultura, Museos Científicos, Edificación e Disciplina Urbanística, y Participación Ciudadana e Innovación, además de a numerosos jefes de menor rango.