Después de consentir la entrada de los okupas y tras año y medio sin actuar, el gobierno local ultima el desalojo del recinto
17 may 2018 . Actualizado a las 10:07 h.El pasado día 10, el Boletín Oficial del Estado publicó una notificación del Ayuntamiento en la que se exige a los okupas de la Comandancia de Obras que abandonen esas instalaciones de forma voluntaria en el plazo de ocho días hábiles, y se les comunica el «apercibimiento de la ejecución forzosa» en caso de no obedecer.
Cuando termine ese plazo, el Ayuntamiento pondrá en marcha el proceso de desalojo forzoso. La propia publicación en el BOE indica que no se trata solo de una potestad, sino que se trata de un procedimiento «obligatorio» al estar prevista una obra pública en las citadas instalaciones.
El proceso de desalojo
Dos vías para el mismo fin. Según explican fuentes municipales, el Ayuntamiento tiene dos caminos para recuperar el recinto, aunque ambos pasan por los tribunales de Justicia.
Por el Contencioso. La vía más habitual sería la administrativa, que requeriría que el gobierno local acudiese a los Juzgados de lo Contencioso para que autorizasen la entrada en el antiguo recinto militar y el desalojo de los ocupantes irregulares.
Ese es el mecanismo que utilizó el anterior gobierno local para desalojar una vivienda de Elviña afectada por las obras del Ofimático. Como en aquella ocasión, al tramitarse por vía administrativa sería la Policía Local la que efectuase la entrada y desalojo, aunque el cuerpo nacional pueda auxiliarles, como hizo en Elviña, manteniendo el orden en el entorno de las edificaciones.
Por lo Penal. La otra vía pasaría por recurrir a un juzgado de Instrucción para tramitar un procedimiento penal por la desobediencia de la orden de abandonar el recinto. En principio esa vía sería más larga que la administrativa, ya que requeriría la intervención de la Fiscalía y, posiblemente, una comparecencia de los ocupantes irregulares ante el juez. Siendo un procedimiento penal, sus consecuencias también podrían ser más duras con los ocupantes irregulares, según fuentes jurídicas consultadas.
Si el Ayuntamiento utiliza esa vía, la entrada y desalojo sería responsabilidad de la Policía Nacional, que actuaría por orden judicial. Esa circunstancia puede hacerla más apetecible para el gobierno local, ya que evitaría que funcionarios bajo sus órdenes directas se implicasen en un desalojo que durante el último año y medio han asegurado varias veces que no se produciría.
La okupación
Dispuestos a resistir. Los okupas entraron en la Comandancia en noviembre del 2016. Durante el último año, parte de ellos se sumaron al proyecto Naves do Metrosidero, que impulsa el gobierno local con intención de organizar allí actividades juveniles y culturales. Antes, el edificio será rehabilitado por el Ministerio de Fomento, que está a la espera de que el inmueble quede liberado para iniciar los trabajos.
Los okupas que rechazaron el proyecto municipal parecen dispuestos a resistir. Durante los últimos meses convocaron varias concentraciones en las que se acusó a la Marea Atlántica de acabar actuando como sus predecesores de otros partidos. Además recordaron que varios concejales del gobierno local, el de Rexeneración Urbana, Xiao Varela; el de Culturas, José Manuel Sande; la titular de Seguridade Cidadá, Rocío Fraga, o la de Participación, Claudia Delso, formaron parte del movimiento okupa antes de llegar a María Pita.
Esas protestas tensaron aún más la relación con el gobierno local, que ha ido dando pasos administrativos para echarles.
El gobierno local
Del festejo al desalojo. Pero el gobierno local no siempre mostró esa firmeza. Al principio, de hecho, no solo «consintió» la okupación -como concluyó una sentencia judicial-, sino que se hicieron obras para asegurar las edificaciones y evitar riesgos a los okupas, se permitieron obras y actuaciones musicales, deportivas y culturales sin licencia alguna en su interior, e incluso algunos de sus miembros, como la concejala Rocío Fraga, saludaron la okupación en las redes. Lejos de desalojar el inmueble, como exigió la oposición, el gobierno local rechazó esa vía una y otra vez y optó por un «diálogo» que no dio el resultado esperado.