Un fundador de Proxecto Cárcere formó parte del tribunal que le adjudicó la gestión del edificio
A CORUÑA
El PP sostiene que se produjeron múltiples irregularidades en el proceso y presenta un recurso para anularlo
24 oct 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La portavoz del PP, Rosa Gallego, presentó ayer un recurso contra la adjudicación de los usos de la antigua prisión provincial a la entidad Proxecto Cárcere. Los populares denuncian que se produjeron irregularidades durante todo el procedimiento con la finalidad de conceder la gestión del edificio a afines a la Marea.
Entre esas supuestas irregularidades, el recurso destaca que una de las tres personas que formaban parte de la comisión encargada de valorar las ofertas presentadas para gestionar el inmueble es Miguel Ángel Martín Fernández. Los populares señalan que su nombre aparecía en el listado «de personas que integran la plataforma [Proxecto Cárcere]». Esa lista fue retirada por la entidad después de que se hiciese público que en esa lista figuraban más de 30 firmantes del manifiesto de la Marea Atlántica, entre ellos los concejales Xiao Varela, Rocío Fraga y María García, además de tres asesores del equipo de gobierno de la Marea.
Según el recurso, Miguel Ángel Martín, que fue ascendido por el actual gobierno local primero a jefe de servicio de Cultura y el pasado 30 de junio a director de área de Cultura, formaba parte de Proxecto Cárcere desde su constitución. Los populares señalan que en la propia web de la entidad está publicada una fotografía en la que aparece junto con el ahora concejal Xiao Varela. El recurso destaca la importancia de ese dato, ya que Varela anunció la adjudicación a Proxecto Cárcere antes de que la resolución estuviese firmada, y señalan que es «obvio» cómo conocía el resultado del concurso cuando no participó en el procedimiento.
Un motivo de nulidad
Gallego señaló que Martín Fernández tendría que haber renunciado a formar parte del tribunal por su «clara vinculación con una de las ofertas», no haberlo hecho es «motivo de nulidad».
El recurso afirma que el proceso estaba viciado de origen. Señala que en septiembre del 2016 el gobierno local ya «habría consensuado con Proxecto Cárcere la cesión del uso» del edificio. En diciembre de ese año, siempre según la denuncia de los populares, responsables de la entidad se reunieron con los ediles Xiao Varela y Claudia Delso, que luego tramitó el concurso para gestionar la cárcel y nombró al tribunal que evaluó las propuestas, con el fin de «falarmos das propostas de Proxecto Cárcere» para el edificio. El encuentro estaba convocado en las instalaciones de la Comandancia de Obras, que ya estaban okupadas.
Los conservadores suponen que en esa reunión, los responsables de la entidad les entregaron la propuesta que más tarde también presentaron a los demás grupos municipales. Según destacan, ese documento coincide «casualmente» en esencia con las bases del concurso para adjudicar la cárcel. El recurso destaca que las bases solo están firmadas por la concejala Claudia Delso, algo inusual, ya que por lo general siempre están rubricadas por los técnicos que las redactan.
Ferreiro avanza que el requerimiento no va a prosperar
El alcalde, Xulio Ferreiro, se mostró «seguro» de que el recurso de reposición presentado por el PP «non vai prosperar». El regidor insistió en que todo el proceso de adjudicación de los usos del edificio se desarrolló de acuerdo a la ley, y acusó a los populares de intentar obstaculizar un proyecto «tan demandado» por los ciudadanos como la apertura de la antigua prisión provincial.