El alcalde recuerda que el calendario fiscal es asunto de su competencia y el PSOE advierte que «tomará medidas»
09 mar 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Las dos mociones aprobadas en el pleno del lunes por PP, PSOE y BNG para exigir al gobierno local que rectifique el adelanto del IBI se quedarán en lo que son: palabras escritas en un papel. El alcalde, Xulio Ferreiro, confirmó que mantiene el cambio en el calendario fiscal y que el IBI se empezará a cobrar el 5 de mayo.
El regidor recordó que han tomado «medidas correctoras» para facilitar la «transición» al nuevo período de pago, incluyendo ampliar los plazos dos meses, hasta el 5 de septiembre; y retrasar la liquidación de los recibos domiciliados hasta el 5 de julio.
Ferreiro señaló que las mociones «teñen a validez xurídica que teñen» y descartó rectificar el adelanto porque «andar dando tumbos non ten moito sentido». El gobierno local sostiene que el adelanto reducirá la presión fiscal sobre los ciudadanos en el último trimestre del año y distribuirá los ingresos municipales.
PSOE y PP
Invocando el «Grándola». Tras conocerse la decisión del alcalde, el portavoz del PSOE, José Manuel Dapena, exigió a Ferreiro que dé «orden inmediata» de rectificar el calendario fiscal. Si no es así, advirtió que estudiarán «medidas» con el resto de los grupos que aprobaron la moción, PP y BNG, pero no concretó más. Dapena también recordó al alcalde que durante la campaña convirtió la canción Grándola Vila Morena en su himno oficioso. La composición del músico portugués José Afonso dice en uno de sus versos más conocidos «o povo é quem mais ordena», y Dapena afirmó que «el pueblo, a través de sus representantes en el pleno, ha ordenado rectificar el calendario fiscal», contra el que aprecia «un clamor popular». Pero en este caso el pleno quizá no sea quien más ordena. Como afirmó antes el alcalde, la competencia para marcar el calendario fiscal pertenece a la concejalía de Facenda.
El concejal del PP Miguel Lorenzo señaló que la determinación de Ferreiro de mantener el adelanto «demuestra su talante democrático». Lorenzo recordó que las mociones fueron aprobadas por «la misma mayoría a la que él (Ferreiro) apela para aprobar los presupuestos», y lamentó que no la respete en este caso.
El presupuesto
Sin gobierno de coalición. El alcalde se mostró «optimista» sobre la aprobación del presupuesto, aunque no tienen apoyo expreso de ningún otro partido, e insistió en que convocará un pleno para debatirlos «canto antes». Ferreiro descartó que el PSOE entre en el gobierno, «non está na axenda». Por su parte, los socialistas mostraron su «decepción» por la decisión del alcalde de «imponer los presupuestos sin negociar» y reiteraron que tienen la mano tendida. El PP advirtió de los problemas de diversos colectivos por la falta de convenios y advirtió de que «están desesperados». El BNG exigió al gobierno que aclare cuándo pagará la parte de la paga extra del 2012 que adeuda a los funcionarios, ya que prometió liquidarla en enero y sigue pendiente.
La mayoría de las iniciativas nunca se traducen en medidas prácticas
En los siete plenos ordinarios que se han celebrado desde que arrancó el mandato se debatieron 78 mociones y se aprobaron todas menos diez. Esas cifras no tienen precedentes en María Pita, ya que durante los mandatos anteriores los gobiernos evitaban el debate de la mayoría de ellas votando en contra de su urgencia.
Ahora sí se debaten, de hecho todas las presentadas han sido discutidas. Cada una de ellas requiere unos 12 minutos de deliberación, tres minutos por grupo político, más la exposición inicial. Como mínimo los concejales se han dejado 15 horas y 36 minutos debatiendo mociones en lo que va de mandato, una media de dos horas y 12 minutos por sesión. Con esas cifras, las mociones consumen la mayor parte de los plenos, pero sus efectos no son equiparables.
La mayoría de las mociones nunca tienen aplicación práctica. Muchas tocan asuntos muy alejados de María Pita, en este mandato se habló de la guerra civil siria, la situación política en Venezuela o el cambio climático. Otras tratan asuntos que dependen de otras Administraciones o empresas privadas, a las que solo se puede «instar» a que atiendan la voluntad del pleno. Otras son declaraciones de condena, como la aprobada contra la violencia machista, la única que se ha aplicado por completo al ponerse en marcha actos simbólicos en homenaje a las víctimas.