Fueron tramitadas por el anterior gobierno y el actual respalda su pago
15 oct 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El interventor general del Ayuntamiento ha firmado un informe en el que detalla posibles irregularidades en facturas que serán aprobadas en el pleno extraordinario de la próxima semana.
Los expedientes, que fueron tramitados durante la anterior etapa de gobierno, forman parte del modificativo de crédito que está pendiente desde el verano.
Las facturas suman 3,15 millones de euros y cuando fueron contraídas por el ejecutivo del PP no había crédito previsto en el presupuesto para pagarlas, por eso deben ser objeto de un proceso específico para liquidarlas conocido como reconocimiento extrajudicial de créditos.
Aunque superan los 3,15 millones, el interventor detalla posibles irregularidades en dos.
Por una parte cita dos facturas de 21.175 y 13.310 euros a cargo de un particular vinculadas al asesoramiento jurídico en el caso Conde de Fenosa. El interventor puso un reparo de legalidad a la primera de ellas, que no fue levantado por el alcalde, al entender que podía haber un fraccionamiento de contrato.
En el caso de la segunda, no se puso un reparo de ese tipo, pero la Intervención pidió explicaciones por el mismo motivo. Fueron contestadas en un informe de la actual jefa de servicio de la Asesoría Jurídica que concluye que el precio de las facturas «son correctas, acordes con las tarifas de los profesionales, y en modo alguno excesivas». En consecuencia, el interventor entiende que el pleno puede considerar su aprobación y que en ese caso «se entenderá implícito» que se levanta el citado reparo de legalidad.
La otra factura, mencionada «por su singularidad e importe» son varias facturas a cargo de Albada, gestora de Nostián, por retrasos en el pago de gastos generales y beneficio industrial.
El interventor afirma que «el servicio (de Medio Ambiente) no hace explicación alguna de las razones de tener que asumir ahora esa deuda». Añade que su departamento conoce el origen de las mismas, pero recalca que «lo que no llega a entender esta intervención, porque tampoco está explicado en el expediente, es por qué no se tramitó y aprobó antes estas facturas toda vez que son de finales del 2012 y finales del 2013». También recuerda que el acuerdo del 2011 que las originó está pendiente de una resolución judicial de lesividad, iniciado por el anterior gobierno, y que en caso de prosperar habría que analiza la posibilidad de reclamar todas las facturas vinculadas al mismo pagadas a Albada. El PP ha propuesto no pagar las pendientes hasta ese entonces.
Finalmente, el interventor advierte que el reconocimiento «no supone enmendar la omisión de los trámites legales», e insiste en que se tomen medidas para evitar «la asunción de obligaciones económicas sin crédito suficiente o el procedimiento legal».