Para evitar los interminables procesos judiciales, el gobierno bipartito introdujo en 2011 una modificación en la Ordenanza de Conservación y Rehabilitación de Inmuebles que, basándose en una ley estatal, permitía la expropiación de suelo por parte del Ayuntamiento con el fin de instalar un elevador. Para Daviña, que tramitó algunas de esas peticiones de expropiación, esto significó «una agilización de los trámites para hacer el proceso un poco más corto», pudiendo llegar a resolverse en cuestión de meses.
Situación que finalizó de manera abrupta el año pasado. El motivo, un cambio en la legislación estatal que dejaba sin base legal a la ordenanza municipal y que se había producido en 2013, por lo que el gobierno local «se dio cuenta de que estaban haciendo expropiaciones sin que estuvieran legalmente autorizadas». Debido a esto, se ordenó la anulación de todas las que se estaban tramitando hasta la fecha de la nueva ley, con lo cual «comunidades que estaban en el proceso final se vieron forzadas a parar». Además, el parón supuso para muchas la pérdida a efectos prácticos de unas subvenciones que «estaban esperando a que se realizase la expropiación».
Para remediarlo, el Ayuntamiento barajó varias soluciones con el objetivo de poder amparar de nuevo la ordenanza. Finalmente, a través de la Federación Galega de Municipios y Provincias (FEGAMP), intentó mediar ante la Xunta y reclamó sin éxito una reforma de la ley que les permita volver a expropiar. Por su parte el concejal de Urbanismo, Xiao Varela, declaró que «non descartamos avalar expropiacións para ascensores en edificios se serven para atender problemas de mobilidade», aunque no especificó el mecanismo legal que utilizarán para ello.