Los agentes vuelven a enfrentarse a un gobierno local por desencuentros salariales
11 ene 2015 . Actualizado a las 05:00 h.La repentina oleada de 67 bajas entre los policías locales que trabajaban el día de la cabalgata de Reyes ha puesto en boca de toda la ciudad el enfrentamiento entre el cuerpo y el gobierno local. El primero y más serio desde las durísimas movilizaciones contra el ejecutivo de Javier Losada en el 2007, que al final doblegaron a María Pita para que aceptase las reclamaciones de los agentes. Como entonces, el choque también está motivado por causas salariales. Esta son las claves.
¿Por qué ha estallado el conflicto con la policía?
Los agentes exigen al gobierno local que cumpla un acuerdo suscrito con el Ayuntamiento en el 2009 que les reclasifica en una categoría salarial superior. El PP se había comprometido por escrito a aplicarlo en este mandato, pero por el momento no ha dado pasos para cumplir esa promesa afirmando que lo impide la legislación del Gobierno central para paliar los efectos de la crisis.
¿En qué consiste el acuerdo del 2009?
El pacto supone la reclasificación de los agentes en una categoría laboral superior a la que tenían hasta entonces. Fue firmado para cumplir una ley autonómica que les obligaba a tener una titulación para acceder al cuerpo. El ascenso supone un incremento salarial que no se ha aplicado.
¿Por qué no se puede aplicar el pacto?
Lo impide el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. Además, dos sentencias judiciales aportan jurisprudencia en esa línea.
¿Qué consecuencias tiene para los policías locales?
Los agentes no cobran el aumento de entre 80 y 100 euros que les correspondía por el ascenso de nivel laboral, pero sí han sufrido un recorte de sus sueldos correspondiente a esa categoría superior, por lo que se consideran dos veces perjudicados.
¿Qué coste tendría para las arcas municipales?
El Ayuntamiento tendría que desembolsar unos 600.000 euros al año para satisfacer los salarios de los agentes, y otros 900.000 euros más que les adeudan, según los sindicatos.
¿Qué medidas de protesta ha empleado la policía?
Los policías se han manifestado en los plenos municipales con pancartas y silbatos, aunque sin interrumpir las sesiones. También han iniciado una huelga de «bolígrafos caídos» que ha provocado un desplome de las multas impuestas por infracciones de tráfico y otros motivos. Además se niegan a hacer horas extra, lo que ha obligado a utilizar agentes del turno ordinario para cubrir distintos dispositivos como el de la movida nocturna.
¿Quién es quién dentro del conflicto?
Del lado de los agentes el principal actor es Manuel Aceña, delegado del CSIF, presidente de la junta de personal del Ayuntamiento desde el 2001 y policía local desde hace casi 25 años. Del lado del gobierno, siempre por de debajo del alcalde Carlos Negreira, la principal responsable es la concejala de Personal, Rosa Gallego, y es clave el papel del edil de Seguridad, Julio Flores.
¿Qué factores influyen en el enfrentamiento?
Existen varios elementos que van a influir en el desenlace del conflicto. Por una parte está la proximidad de las elecciones municipales y sindicales, que siempre están precedidas de diferentes conflictos por motivos laborales. Por otro está la posibilidad de que el resto de funcionarios inicien sus propias protestas si el gobierno local cede ante los policías. Los bomberos, otro de los colectivos más reivindicativos, ya han reclamado mejoras por su parte. En última instancia influirá el Gobierno central, tanto si mantiene la prohibición de subir las retribuciones como si decide creer sus propios anuncios de recuperación y abre la mano.
¿Qué está haciendo el gobierno local del PP?
El gobierno local ha reconocido la validez del acuerdo e insiste en que lo ejecutará en cuanto sea posible. Por el momento ha elevado una consulta al Ministerio de Hacienda para ver si es posible aplicar el pacto sin incumplir la ley y está a la espera de la resolución. No se ha abierto ninguna mesa de negociación con los policías, aunque esta misma semana Gallego reiteró que está dispuesta a escucharles.
¿Hay alguna posibilidad de cerrar el conflicto sin cumplir el acuerdo?
Manuel Aceña se mostró esta semana dispuesto a estudiar «vías de solución» al conflicto, pero siempre que «al final» lleven a la aplicación del pacto del 2009. Aceña instó al gobierno local a adoptar una solución para hacerlo, ya que entiende que se trata de una «decisión política» y que las trabas legales están ahí «solo si ellos (el PP) quieren».
¿Cuál es la postura de la oposición municipal?
PSOE, BNG y EU reconocen el acuerdo y apoyaron una moción para cumplirlo en cuanto sea posible. Esquerda Unida también ha instado al PP a tener «voluntad política» de resolver el conflicto.