Mucho se ha hablado estos días sobre la necesidad de transformar el Consorcio As Mariñas en mancomunidad y sobre las dudas legales que dicha transformación plantea, con interpretaciones reduccionistas de los partidarios de una transformación exprés, haciendo ver que el problema es de alcaldes que no controlan a sus grupos, intentando trasladar un problema de legalidad a un problema exclusivamente político, lo que es incierto.
Hay que decir la verdad sobre este asunto y no es otra que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad obliga a modificar los estatutos del Consorcio y adscribirlo al Ayuntamiento de mayor población, mayor presupuesto, etc..., que en este caso sería Oleiros. Hasta aquí sería fácil si Oleiros aceptara, que no lo acepta, por los problemas derivados que ello conlleva (como la consolidación presupuestaria o la gestión del Consorcio As Mariñas durante un año en el que hay elecciones).
Las primeras medidas que se intentaron fueron la modificación de la Ley de Administración Local de Galicia, a lo que el conselleiro de presidencia se negó; y la modificación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración, que no fue posible; ya que entendíamos injusto que un Consorcio que funciona bien, que no tiene deudas, que es solvente económicamente, tenga que desaparecer o modificar su funcionamiento.
Como consecuencia de lo anterior se buscó desde la Dirección Xeral de Administración Local una vía intermedia, que a mi juicio, no tiene amparo legal ninguno y que en el hipotético caso de que se aprobara por todos los ayuntamientos, en cuanto se formularan alegaciones, la Dirección Xeral daría marcha atrás, consideraría que su informe no es vinculante y daría la razón a los alegantes. (Hay precedentes en este sentido, con el nombramiento y sanciones a algunos secretarios/as).
¿Con la transformación exprés de Consorcio en mancomunidad, se solucionan los problemas? Hay que decir taxativamente que no. Más bien al contrario, se complicaría más, ya que hasta que no lo aprobara la Xunta estaríamos en un limbo jurídico, generando un problema a las empresas que tienen contratos con el Consorcio, y a los trabajadores, dado que no se podrían traspasar ni los activos, ni el pasivo, ni los contratos con empresas y trabajadores a la nueva mancomunidad exprés, sin que exista acuerdo de liquidación del Consorcio como ente local, pudiendo este continuar con su actividad mientras no se liquide.
Una salida alternativa
La opción que no generaría problema jurídico alguno es el mantenimiento del Consorcio tal y como está concebido en la actualidad, con fecha límite de liquidación, mientras que en paralelo se tramita la constitución ex novo de una mancomunidad de municipios, según se prevé en los artículos de la Ley de Administración Local de Galicia (artículos 135 a 152).
La voluntad política de seguir resolviendo las competencias de los ayuntamientos de forma mancomunada es evidente y nadie se ha pronunciado en contra, por lo que el problema no es político ni de algunos alcaldes, es de seguridad jurídica para todos. Si nos equivocamos lo mejor es rectificar cuanto antes y volver a la senda que nos ha permitido estar juntos, a lo largo de estos últimos 14 años. Aquí no pierde nadie y ganamos todos.