El Ayuntamiento enviará hoy el documento a Instituciones Penitenciarias
17 nov 2014 . Actualizado a las 05:00 h.El Ayuntamiento pondrá hoy en marcha la maquinaria para anular el pago de 1,2 millones por recuperar el edificio de la antigua cárcel provincial. Ese es el precio que estaba marcado en el convenio firmado en el 2005 por el gobierno local del PSOE y la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), un organismo dependiente del Ministerio del Interior que tiene la titularidad del inmueble.
El pasado viernes Carlos Negreira firmó un decreto de alcaldía en el que se rechazan las alegaciones presentadas por la SIEP a la decisión del Ayuntamiento de anular el convenio. Ese decreto será enviado hoy a la entidad estatal, que todavía tendrá la opción de recurrir la decisión del Ayuntamiento en los tribunales.
La anulación de un convenio entre administraciones, y más de uno tan antiguo, es excepcional. Pero el Ayuntamiento tiene a su favor un dictamen del Consello Consultivo de Galicia que respaldó sin matices sus argumentos.
La anulación del acuerdo del 2005 deja la parcela en una situación muy distinta a la que había tenido hasta ahora. De hecho, la SIEP tendrá en sus manos una finca que pertenece de hecho al Ayuntamiento, que compró los terrenos para construir la cárcel a principios del siglo pasado y los cedió al Estado con la condición de que volverían a sus manos si dejaban de tener esa utilidad.
De acuerdo a esos documentos, la SIEP tendría que haber devuelto las fincas de forma automática cuando cerró la cárcel, pero por algún motivo el gobierno local que lideraba Francisco Vázquez prefirió firmar un convenio de permuta que incluía el pago de los 1,2 millones citados. El pacto nunca se ejecutó y el edificio ha permanecido sin uso todos estos años, en los que ha sufrido numerosos desperfectos a causa del abandono y las inclemencias meteorológicas.
La anulación del convenio no significa que la cárcel se integre de inmediato en el inventario municipal, en parte porque aún queda abierta la vía judicial, pero allana el camino de la administración local en ambos sentidos, además de que se ha evitado que el Ayuntamiento «pague por segunda vez por unos terrenos que son suyos», como señaló el alcalde Carlos Negreira.