Es obvio que no todos somos iguales ante la ley. Para que la infanta fuera a declarar, el juez Castro tuvo que escribir un auto exhaustivo de 227 páginas, que más parecía un tratado de derecho, después de que fuera desimputada, algo sin precedentes. Muy pocos ciudadanos, casi ninguno, pueden disponer de un equipo de abogados encabezado por un padre de la Constitución como Roca. También son contados los que obtienen la bendición previa del presidente del Gobierno, que expresó su convencimiento de que es inocente. Solo Bárcenas y algún otro. Que el fiscal acuse al juez de conspirar es ciertamente anómalo, como que Hacienda dé por buenas facturas falsas. Sentadas estas premisas, hay que decir que el hecho de que doña Cristina tuviera que someterse a un largo interrogatorio es una esperanzadora señal de que el Estado de derecho ha funcionado, de momento, aunque haya sido a trancas y barrancas, y gracias al trabajo constante, serio y riguroso del juez Castro, capaz de resistir todas las presiones y maniobras sucias para hacerle desistir y desacreditarlo. Ahora resta por saber si la teoría del enamoramiento y la ignorancia, cuya endeblez jurídica es patente como demuestra la jurisprudencia, es suficiente para evitar la acusación y si sus actuaciones son o no constitutivas de delito, aunque denoten un comportamiento reprobable y conlleven responsabilidad civil. Es muy difícil creer que una universitaria que trabaja en una entidad financiera no supiera nada de los manejos contables de su cónyuge. Tanto como entender que si está tan enamorada de él le culpara de todo para salvarse a sí misma y a la Corona. Quizá no tenía otra opción que sacrificar a su Iñaki.