El Consello Consultivo falla favorablemente los puntos solicitados por el Concello y la resolución del contrato por el cual se creó dicha empresa mixta
12 jul 2013 . Actualizado a las 07:00 h.«¿Qué quiere decir? Que se acabó, se acabó Augarsa». Así resumió ayer el alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, el resultado del dictamen del Consello Consultivo de Galicia que el miércoles entró en el registro municipal. El organismo informa favorablemente de la resolución del contrato administrativo por el que se constituyó en el 2005 la empresa mixta Augarsa. La sociedad -la parte privada, Aqualia, tenía un 51 % y la parte pública, el Concello, un 49 %- se encargaba desde entonces de la gestión del agua en el municipio. Pero ahora «se acabó». Punto de inflexión en el severo conflicto.
Para el lunes se ha convocado un pleno extraordinario al que se llevará la resolución del contrato; la solicitud de incautación de la garantía depositada por Aqualia (88.500 euros); el reconocimiento en el dictamen del Consultivo de que Aqualia no se podrá presentar a concursos públicos (en el Estado) durante dos años; y un acuerdo por el cual, a partir del 15 de agosto, el Concello asumirá la gestión del agua. Habrá un mes para el «traspaso de poderes entre Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) -de la que depende Aqualia- y el Ayuntamiento». Empezar «de cero».
Tres vías para la gestión
Sobre el futuro, el regidor, que hizo hincapié en que el Consultivo falló favorablemente los seis puntos solicitados por el Concello, descartó la creación de una empresa mixta. Valoran tres vías: la asunción del servicio por parte del Ayuntamiento, encomendar la gestión a una segunda empresa, o bien una adjudicación «pura y dura». En su informe, el Consultivo concluye que «o incumprimento das obrigas esenciais de realizar as inversións comprometidas na oferta económica e de manter as instalacións en bo estado de conservación xustifican a resolución do contrato». Sobre quién debía acometer las inversiones, si Aqualia o el Concello, «motivo de eterna discusión» entre las partes, el Consultivo le da la razón al Ayuntamiento: «É Aqualia -y no la sociedad mixta, que aún no estaba constituida- a que se compromete e obriga, coa súa proposición económica, a realizar inversións por importe de 19,9 millóns, inversións absolutamente necesarias para evitar a obsolescencia das instalacións».
Si bien Aqualia había condicionado esas inversiones a su previsión de ingresos -que no se cumplió y de lo cual culpó al Concello-, también el Consultivo falla desfavorablemente a la parte privada: «É Aqualia a que realiza a súa previsión de ingresos, errando na prognosis da evolución de habitantes e no consumo estimado por habitante, sendo previsións que ademais non coinciden co resto das licitadores -y que habían sido clave a la hora de adjudicar el contrato-, debendo asumir a súa responsabilidade e os riscos dos seus prognósticos».
Calvelo, que solicita a FCC que reflexione sobre la «gravedad» de que Aqualia no pueda optar a contratos públicos, pide a la alta dirección de la empresa que «inicie un expediente de investigación principalmente contra don José Luis García Ibáñez, el principal representante de Aqualia en Augarsa, que investigue su actuación, siendo él el principal responsable de la oferta económica presentada».
«Laxitude» de la parte pública
Pese a todo, el Consultivo da en su informe un cierto tirón de orejas a la parte pública: «Chama a atención a laxitude na vixilancia e control do cumprimento do contrato de xestión de servizos en que incorreu o Concello de Arteixo e a falla de control da parte pública da xestión da sociedade de economía mixta». Sobre esto, Calvelo afirmó: «Desde el 2005 hasta mediados del 2011, cuando por fin llegó una corporación, la nuestra, que ha conseguido tener tres auditorías, sí entendemos que hubo una situación administrativa que debería haber sido más beligerante dada la deficitaria y lamentable gestión de FCC del agua, donde la deuda acumulada llega a los tres millones y podría aumentar en medio millón más». La actitud laxa del Concello, matiza el Consultivo, «non obsta a existencia das causas de resolución imputables ao contratista», pero sí podría afectar a la liquidación del contrato.
En esta línea, avanzó el regidor, si un juzgado minorase la indemnización que se vaya a solicitar por ausencia de actuación de la Administración municipal, también valorarían pedir responsabilidades a la corporación correspondiente. «Hemos llegado tarde. Este contrato tenía que haberse resuelto en la anterior legislatura, tenían que haber tomado la decisión que nosotros hemos tomado», dijo.