El alcalde denuncia en Radio Voz que el estado de la vieja cárcel «no es admisible» y pide su devolución cuanto antes
08 jun 2013 . Actualizado a las 07:00 h.«No vamos a pagar 1,2 millones de euros por unos terrenos que entendemos que son nuestros, así se lo explicamos al Ministerio [del Interior]», explicó el alcalde, Carlos Negreira, durante su cita semanal en el programa Cita en María Pita, de Radio Voz. El regidor recordó que la prisión fue construida por el Gobierno central en los años veinte del siglo pasado en unos terrenos que habían sido adquiridos por la Administración local.
Explicó que cuando la prisión «ya no está, los terrenos tienen que volver al Ayuntamiento», pero en el 2005 «se hizo lo contrario, valorar los terrenos como si fuesen del Estado». En aquel año, bajo un gobierno del socialista Francisco Vázquez, se firmó un convenio que contemplaba la permuta de los terrenos a cambio de 1,2 millones.
En aquel entonces el asunto se llevó a pleno «como una toma de conocimiento», recordó Negreira, y aseguró que ahora la denuncia del convenio se llevó a pleno «para que refrendase esta postura de los coruñeses: no vamos a pagar dos veces por los mismos terrenos». El regidor destacó que la moción presentada con ese fin fue aprobada por unanimidad y agradeció que, aunque en su día sostuvo otra cosa, «el PSOE por fortuna ha vuelto a la razón».
Negreira denunció además que la situación en la que está el edificio «no es admisible», por lo que mostró su esperanza de que «nos lo devuelvan lo antes posible para llevar a cabo las obras de mantenimiento mínimo y necesario, y darle un destino adecuado».
La cárcel y los terrenos adyacentes tienen una superficie total de 35.000 metros cuadrados. Su ubicación, justo delante de la Torre, llevó a los anteriores gobiernos a plantear la posibilidad de convertirla en un establecimiento de la red de Paradores de España. En el 2009, técnicos de esa entidad visitaron el edificio, que podría haberse convertido en el duodécimo parador de Galicia. Sin embargo esos planes nunca llegaron a buen puerto y la antigua prisión ha seguido hasta ahora en situación de abandono. Otra de las propuestas que no se concretó fue la de transformarla en un museo sobre faros y señales marítimas.
En el pleno, la oposición pidió al gobierno local que cuente con la entidad Proxecto Cárcel para decidir el futuro del edificio. El BNG exigió además que el Estado devuelva el inmueble en «óptimas condicións» y que asuma los costes de reparación del edificio, muy deteriorado desde que dejó de ser utilizado como prisión.