Negreira advierte que el proceso sobre el inmueble está en su última fase y puede «costar mucho» a los coruñeses
02 mar 2013 . Actualizado a las 07:05 h.El proceso judicial que determinará si el edificio Conde de Fenosa ha entrado en su «fase final» y podría «costar mucho» al bolsillo de los coruñeses, reconoció ayer el alcalde, Carlos Negreira, en Radio Voz. Ese «mucho» al que se refirió el regidor podría ascender, según los técnicos municipales, a casi 62 millones de euros, de los que 1,8 corresponderían a las tareas de demolición y el resto a las indemnizaciones que corresponderían a los inquilinos.
Esa enorme cantidad, que triplicaría los 20 millones que pueden costar todas las compensaciones por la polémica urbanización de Someso, causaría «un daño irreparable» a las arcas municipales, han afirmado desde el gobierno local.
El alcalde insistió en que han planteado «todos los recursos posibles» porque «una sentencia de derribo no sería nada buena para la ciudad y para los vecinos». Negreira insistió especialmente en el «lado humano» del conflicto y recordó a las familias, «en la mayoría de los casos ajenas al asunto», que residen en el inmueble y «han vivido con dudas permanentes sobre el futuro de sus hogares».
La estrategia del gobierno local para evitar el derribo parcial del inmueble pasa porque el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acepte que esa resolución, tomada por sentencia firme desde el 2001, es «inejecutable». Esa tesis se sostiene en estudios técnicos que concluyen que eliminar los 4.719 metros cuadrados construidos en exceso podrían causar el colapso de la estructura. Sin embargo, los técnicos de la parte denunciante afirman que es posible ejecutar el derribo sin riesgo.
La última resolución judicial ha sido contraria a los intereses del Ayuntamiento. Ayer mismo se supo que el TSXG había rechazado el intento de Urbanismo de legalizar el aparcamiento del inmueble. El BNG recordó que ya advirtió que «eximir [al inmueble] da dotación de aparcadoiro legalmente esixíbel» no era la vía para resolver el conflicto. Los nacionalistas han criticado al gobierno de Carlos Negreira por «vulnerar flagrantemente e de xeito fraudulento» la normativa urbanística con ese intento de legalización.