Llegó la hora de la verdad. Tras ocho años de trabajo en la trinchera de la oposición, subrayando en el calendario los plazos para vigilar si el Gobierno cumplía y denunciar públicamente cuando no lo hacía, los parlamentarios del PP tienen que cambiar el rol. Si en la última legislatura los diputados de esa formación hicieron de la tercera ronda o el Circe munición política contra el Ejecutivo socialista, ahora deberían velar con el mismo ahínco por que sus correligionarios impulsen unas obras que siempre consideraron vitales para el desarrollo de la ciudad.
Un cambio de mentalidad que también tendrá que aplicar el gobierno local. En estos siete meses, los nuevos inquilinos del palacio de María Pita se parapetaron en el Gobierno de Zapatero para justificar alguna de las medidas más impopulares, como la aplicación del copago en el servicio municipal de dependencia, atribuyendo a una obligación de la ley de dependencia la necesidad de cobrar a los usuarios una parte del coste del servicio. Las críticas se extendieron a la obligación de devolver 25 millones de euros adelantados en los años 2008 y 2009 por un error en las previsiones de ingresos que, exponen los responsables de la Hacienda local, mermará la capacidad inversora del Ayuntamiento.
Y, en materia de infraestructuras, la tercera ronda fue el mayor caballo de batalla de los populares. Ya en el poder, exigieron al entonces ministro de Fomento un compromiso adicional en forma de inyección económica para desengrasar las obras del tramo Lonzas-Zapateira, contraponiendo el esfuerzo que estaba realizando la Xunta, en época de crisis, para finalizar su parte de la obra y tenerla lista a finales del 2012, como estaba comprometido. Una financiación que ahora deberán exigir a la nueva responsable de Fomento, Ana Pastor, de la que también dependerá el futuro de Alvedro y el puerto exterior.