Otro foco de violencia que empieza a preocupar seriamente. El año pasado más de 450 médicos fueron agredidos en su puesto de trabajo, la mayoría en centros de atención primaria. La cifra procede de las denuncias presentadas, porque existe la convicción de que muchas agresiones no se denuncian.
Un dato aún más preocupante es que la mayoría de los agresores no son ni delincuentes ni seres marginales, sino ciudadanos presuntamente normales que consideran que ellos mismos o un familiar no ha recibido la atención adecuada, no se le ha prorrogado la baja o prescrito el medicamento que deseaba.
Es cierto que entre los médicos, como entre los abogados o los periodistas, hay profesionales que dejan mucho que desear y que las personas que acuden a ellos lo hacen en condiciones emocionales muy especiales, por lo que la chispa puede saltar con más facilidad.
Pero nada puede justificar la agresión. Ni un problema de salud grave, ni una atención inadecuada. Hay canales suficientes para encauzar la protesta o la denuncia contra un profesional sanitario que no preste al paciente la asistencia como debe. Y si se detecta que esos canales no funcionan adecuadamente, exigir que lo hagan con eficacia.
Hay que parar la bola de nieve antes de que siga creciendo y suponga una amenaza más contra un sistema sanitario que, con todos sus problemas y defectos, mantiene unos altos estándares de calidad.
La violencia nunca puede ser el camino. Ni en la sanidad, ni en la escuela, ni en la política. El afectado tiene que sentirse apoyado para denunciar y que el agresor lo pague.