María del Carmen Guitián ya no recuerda cuándo comenzó a deteriorarse el edificio en el que vive. Está tan «quemada» que le cuesta hablar del tema. De hecho, debido a las deficiencias del inmueble ha tenido que limitar el número de inquilinos que admite en la pensión que regentan ella y su madre. Está situada en el 140 de San Andrés y, lo que antes era parada y fonda para muchos viajantes y turistas, ahora solo acoge a cuatro o cinco clientes de toda la vida. «¡Normal! ¿cómo van a querer quedarse en un edificio que parece que está en ruina?», se queja. Recuerda que en el año 2001 se colocó una red en la fachada principal y se instalaron unos puntales que no tienen ninguna función: «Lo único que quiere el dueño es que el edificio tenga aspecto de ruina y nos marchemos por miedo». De hecho, según explica, los problemas no están en la estructura del inmueble sino en su aspecto exterior, y ella echa la culpa de los desperfectos y de la desidia al propietario.
Explica que durante los últimos años han tenido que pasar muchos malos ratos: ruidos de obras que duraban desde las diez de la noche hasta las cuatro de la madrugada, la presencia de rateros e indigentes en los pisos superiores e inferiores... «Casualmente se rompieron las cerraduras del primero, tercero y cuarto, que él sustituyó por pequeños candados muy fáciles de quitar», explica. También se rompieron los cristales en algunos pisos, que se convirtieron en morada de palomas y otros animales; «era tan desagradable el olor y la putrefacción que había allí dentro que lo tuve que denunciar, pero el supuesto dueño no hizo nada para arreglarlo». María del Carmen se queja de que las denuncias no han servido para nada ya que el propietario se limita a abonarlas y, después, vuelta a empezar. El asunto, según dice, está en los tribunales, pero el propietario del inmueble aclara que ya hay una sentencia firme (porque no fue recurrida) del tribunal de lo contencioso que declara el edificio ruinoso. Así que, tal y como explicó, «solo estoy obligado a preservar el edificio para evitar daños a personas». Él acusa a las inquilinas de «querer sacarle jugo» a su situación y ser indemnizadas por una cifra millonaria. «Lo único que tienen que hacer estas mujeres es marcharse, porque su causa es una causa perdida», comenta. Señala que el alquiler de la vivienda es de 22 euros al mes, «y ni siquiera se los estoy cobrando», por lo que espera que los tribunales determinen de una vez cómo solventar este enfrentamiento entre propietario e inquilinos que está vivo desde hace décadas.