La reciente sentencia sobre irregularidades en la admisión de veinte alumnos en el colegio Hijas de Jesús ha vuelto a poner de actualidad algunas de las reivindicaciones que Pedro Armas (San Paulo, 1959) defendió durante los dos años -del 2005 al 2007- que estuvo al frente de la delegación coruñesa de la Consellería de Educación. Armas felicita al padre que demostró las irregularidades.
-¿Le costó el puesto esta defensa de la legalidad?
-Cuando dimití de la delegación se estableció una relación causa-efecto que no es real. Ni fue por un problema personal con la conselleira, ni fue por una relación directa con el tema de la escolarización de A Coruña. Yo no me fui por motivos personales, sino por unas discrepancias internas de la consellería. Hay que entender que la consellería era esencialmente técnica y yo echaba en falta más política.
-¿Es necesaria una mayor contundencia para hacer cumplir la normativa?
-Lo que luego derivó en una especie de conflicto social fue solo ponerse a aplicar la ley, porque una administración no se puede inhibir cuando detecta irregularidades, la administración tiene que actuar. Ocultar las trampas no hace que las trampas desaparezcan.
-¿Qué medidas tomó para evitar estos fraudes?
-Como administración, ante unas denuncias se actúa y se estudia la documentación presentada. Había informes de alumnos que recibían puntos porque tenían minusvalías por ser alérgicos a la lactosa, e incluso al marisco. Otros por ser hijos de profesores o de docentes vinculados al centro, algo que la legislación no contemplaba. También había irregularidades en las declaraciones de la renta, de las que se presentaban fotocopias, y en el padrón, donde aparecían niños que vivían solos, otros que residían con amigos de los padres,... Como delegado decidí actuar y que se revisara la documentación, para que se acreditaran todos los datos.
-¿Cómo fue ese proceso?
-La administración paró el proceso de admisión en los centros y fuimos muy escrupulosos revisando la documentación y dando audiencia a cientos de padres, que recibí personalmente, ya que había centros de 100 plazas, en donde la mitad tenían problemas con el padrón.
-Tras este escándalo se inició una reforma legislativa.
-Sí. Paralelamente, se inició una mejora en el plano legislativo para redactar un nuevo decreto, en el que la delegación de A Coruña tuvo mucho protagonismo. Una cosa que me dolió mucho fue que se me acusara de separar hermanos, cuando fui yo el que más insistió en que en la nueva legislación había que dar más puntos a los niños que ya tuviesen hermanos en el centro. En el nuevo decreto la delegación revisaba la renta de los padres para que no hubiese trampas. Al año siguiente se había ajustado la oferta a la demanda.
-¿Qué propondría a la Xunta para cumplir la sentencia?
-Yo creo que la Xunta recurrirá la sentencia para ganar tiempo y dilatar el proceso. Si está demostrado, me parece complicidad con los que han cometido las negligencias. La administración tiene que tener valentía en sus actuaciones, y buscar fórmulas para ejecutar la sentencia.