El PP y El Ensanche consideran una «mentira» el informe de las alegaciones al PGOM
A CORUÑA
El portavoz del PP, Carlos Negreira, invitó ayer a la concejala de Urbanismo, Obdulia Taboadela, «a rectificar sus mentiras» sobre las denuncias de su partido en el pleno de aprobación inicial del PGOM. «Invito a la señora concejala a que repase las actas, donde nuestro grupo advertía de la existencia de muchos edificios y pisos que quedarían fuera de ordenación y que ello sería motivo de muchas alegaciones», indicó.
Sobre las reticencias de los socialistas a abrir un nuevo plazo de alegaciones al plan general, Negreira insistió en que «después del año y medio de retraso que llevan en la tramitación, un mes más o menos no es relevante y sí servirá para que los ciudadanos puedan comprobar con tranquilidad la existencia de la corrección de los errores de una acción muy grave, perpetrada con nocturnidad y alevosía, por sus gobernantes».
Carlos Negreira volvió a reclamar un pleno extraordinario para «corregir el error que se aprobó en el pleno» y puso en duda el valor de la firma simbólica del alcalde, Javier Losada, comprometiéndose a modificar el texto de las ordenanzas que hacen referencia al fuera de ordenación, «porque no nos fiamos, ni nosotros ni más de 28.000 ciudadanos, de su palabra y queremos ver los planos y comprobar que se ha repuesto la legalidad», dijo.
Por su parte, la asociación de vecinos del Ensanche considera «una mentira» la respuesta del Ayuntamiento a las alegaciones que presentaron al PGOM. Su presidente, Gerardo Crespo, recordó a la edila de Urbanismo que a pesar de que el Ayuntamiento considera la concesión de licencias municipales un acto de control, «no tenemos más que ver la situación del edificio Conde de Fenosa» para desarmar ese argumento. Acusó al gobierno local de «jugar» con los conceptos fuera de ordenación parcial y absoluta y de no querer reconocer la importancia del concepto de fuera de ordenación parcial. «Nunca hemos dicho, tal y como afirma Urbanismo, que los edificios con este sello estén llamados a desaparecer, sino que pierden su valor de mercado y no sirven como garantía hipotecaria. Quizás para el Ayuntamiento esto no sea un problema, pero sí para los propietarios».