La concejala de Urbanismo, Obdulia Taboadela, aseguró ayer que su departamento no contempla la posibilidad de que el edificio Conde de Fenosa, ubicado en la céntrica calle Fernando Macías, sea derribado conforme a la sentencia judicial existente. Indicó que todos los esfuerzos de los técnicos municipales de Urbanismo se centran en garantizar una solución jurídica que permita mantener en pie el edificio.
Sobre el informe pericial que cifra en más de 45 millones de euros las indemnizaciones que el Ayuntamiento tendría que pagarles a los propietarios e inquilinos en caso de que se llevase a cabo el derribo, Taboadela afirmó que en el gobierno local no han realizado ese tipo de estudios «porque no contemplamos esa posibilidad, como ya hemos comentado». La edila, que esta semana ya pidió disculpas por los posibles errores cometidos en el pasado con este edificio, no quiso valorar si los responsables que estaban en el Ayuntamiento cuando se concedió la licencia también deberían hacer lo mismo. «Yo lo que tuve que decir lo dije y se acabó. Estamos trabajando y cuando tengamos alguna noticia sobre esas posibles soluciones no tengan duda de que las comentaremos», aseguró.
Después de que el gobierno municipal negara la necesidad de crear una comisión de investigación en relación al edificio Conde de Fenosa, el grupo local del PP insistió en que es necesario investigar las posibles irregularidades cometidas en la concesión de la licencia y depurar responsabilidades de este «brote negro» del urbanismo socialista «causado por una inexplicable ausencia de control del gobierno municipal», indicaron. El PP recordó que la edila alega que la comisión no aportaría nada nuevo, «cuando lo que pretende es no remover un asunto que afecta a seis de los actuales concejales socialistas que formaban parte del gobierno municipal en 1997, cuando se le concedió la licencia urbanística ilegal».
Comisión de investigación
Los populares reiteraron ayer su exigencia al gobierno local para que se constituya dicha comisión, rechazada por PSOE y BNG en el pleno del pasado septiembre. El objetivo de esta comisión sería, en primer lugar, conocer los pasos que el gobierno municipal dio para la concesión de «esta licencia ilegal»; conocer las actuaciones de los responsables políticos y administrativos que la otorgaron; depurar las responsabilidades políticas y administrativas derivadas de las mismas «para que este tipo de sucesos intolerables no se vuelvan a repetir».
El PP recordó que los tribunales no solo dieron una, sino múltiples razones para anular la licencia concedida en 1997. Entre ellas, que cuando se otorgó la licencia estaba vigente el plan de 1985, que dejó el inmueble fuera de ordenación, por lo que solo se admitían obras de conservación y mantenimiento. «Pero el gobierno municipal socialista otorgó licencia para obras de reforma integral y cambio de uso de oficinas a viviendas, lo que excedía el mantenimiento». Tampoco las dimensiones del patio posterior del cuerpo central del edificio cumplen el mínimo establecido por las normas de habitabilidad para el uso residencial. Además, se incumplió, según el PP, el mínimo fijado para plazas de aparcamiento, ya que se habilitaron 72, frente al centenar de viviendas construidas.