El Juzgado de Instrucción número 5 de A Coruña acaba de absolver al ex alcalde Francisco Vázquez de los delitos de desobediencia y prevaricación después de que una denuncia lo acusase de incumplir varias sentencias que lo obligaban a usar el topónimo de la ciudad en gallego. El juzgado consideró que la decisión del Ayuntamiento en un pleno celebrado en el 2004 «no vulnera la legislación actual en materia de toponimia ni las resoluciones de la Fiscalía». Añade, además, que lo que se aprobó en aquella sesión municipal «fue el uso conjunto de ambos topónimos, ''La Coruña'', en castellano y ''A Coruña'', en gallego».
La denuncia había sido interpuesta por el Movemento polos Dereitos Civís (MpDC). El portavoz de esta asociación, Renato Núñez, subrayó que la demanda se presentó por considerar, además, que ese tipo de decisiones «exceden las competencias de los ayuntamientos». Según el MpDC, la sentencia «resulta cuando menos curiosa», ya que el propio fallo indica que la Lei de Normalización Lingüística de Galicia establece que «los topónimos de la comunidad tendrán como única forma oficial la gallega».
La sentencia añade que «no ha quedado suficientemente demostrado» que Francisco Vázquez desobedeciera la legislación al usar el topónimo castellano, por considerar que de su actuación «no se deduce la clara intención de no cumplir la orden de la autoridad superior».
Aun así, el dictamen anima al MpDC a recurrir contra la decisión acordada en el pleno a través de la vía contencioso-administrativa, «en cuyo seno se puede solicitar, además, la suspensión cautelar del acuerdo adoptado». Según el presidente de la asociación, «esto demuestra por qué apenas un 23% de los mil gallegos entrevistados en la encuesta sobre los derechos civiles en Galicia consideran que los jueces tratan igual al ciudadano y a la Administración».
Extravío
Esta resolución judicial llega pocos días después de que se iniciase la reconstrucción del expediente completo de la denuncia, que había sido extraviado por el juzgado coruñés. El MpDC, según su portavoz, «llevaba más de año y medio» esperando la sentencia y tuvo conocimiento de la pérdida de los archivos después de presentar una queja ante el Valedor do Pobo a causa del retraso acumulado.
Precisamente, el pasado 13 de septiembre, el BNG reclamó explicaciones sobre si se van a implantar medidas adecuadas para evitar «extravíos» de expedientes penales, como lo sucedido con las diligencias previas que se siguieron en el juzgado ?contra el actual embajador ante la Santa Sede.