La concejalía de Rehabilitación comunicó, mediante una resolución en el Boletín Oficial de la Provincia , la obligación de los propietarios del edificio situado en el número 132 de la calle Orzán de retirar elementos inestables de la fachada.
El gobierno local desestimó las alegaciones de dos de los propietarios, que argumentaban su imposibilidad de encontrar una empresa que ejecutará los trabajos en los plazos fijados por el gobierno local, razón por la cual solicitaban una prórroga.
El concejal de Rehabilitación, Mario López Rico, siguiendo los informes técnicos, descartó la petición de los propietarios y amenazó con imponer multas de entre 300 y 600 euros por cada incumplimiento.
El gobierno local tiene constancia de que la exigencia de reparar las deficiencias acumula ya más de dos años de retraso, después de que la Policía Local hiciera el primer atestado, a requerimiento de un ciudadano, y su primer informe de denuncia con fecha del 3 de julio del año 2006.