El decreto de la alcaldía cierra «de forma automática» el último de los recursos presentados
A CORUÑA
El conflicto por el topónimo de A Coruña surgió en enero de 1992 cuando la Mesa pola Normalización Lingüística interpuso un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) porque el Ayuntamiento coruñés ni utilizaba ni reconocía el topónimo en gallego. En realidad, esta «guerra» por el topónimo se remonta al año 1983, fecha en la que el Parlamento de Galicia aprobó, con los votos a favor de todos los grupos (también del PSdeG del entonces alcalde, Francisco Vázquez) la Lei de Normalización Lingüística.
Desde entonces la polémica no ha cesado y el Ayuntamiento ha presentado innumerables recursos defendiendo la versión en castellano del topónimo coruñés, sin ganar en los juzgados ni una de sus reivindicaciones. Tras casi 17 años de litigios, y con un gobierno local de coalición entre PSOE y BNG local, ahora el alcalde coruñés decide dar carpetazo a esta polémica y el pleno tomará conocimiento el próximo lunes del desistimiento en el último recurso pendiente los juzgados.
La concejala de Normalización Lingüística, Ermitas Valencia, explicó que el decreto de la alcaldía data del pasado mes de marzo, ya que había que enviarlo al Tribunal Supremo en el plazo determinado para paralizar las acciones judiciales pendientes «de forma automática». Indicó que la toma de conocimiento en el pleno será, el próximo lunes, un mero trámite.
Por otro lado, según datos de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica, al Ayuntamiento le ha costado 350.000 euros mantener los recursos en defensa de la «L» en el topónimo coruñés a pesar de las continuas sentencias contrarias por distintos tribunales. Reclaman, desde esta comisión, que los concejales paguen «a escote» el gasto ocasionado por los recursos judiciales «mantidos únicamente para molestar».