Sada Consideran que alguien debe asumir el coste que tendrá la suspensión de las licencias Cuestionan punto por punto las críticas expresadas en el expediente autonómico
14 dic 2005 . Actualizado a las 06:00 h.Siete folios han remitido empresarios de la construcción de Sada, autodenominados Plataforma de Afectados, a la conselleira de Política Territorial, María José Caride, y al director xeral de Urbanismo, Ramón Saúl Lueje, en los que exponen su preocupación por la suspensión de las licencias en el municipio y reclaman que despejen sus dudas respecto al expediente contra el gobierno municipal. Responsabilizan a la consellería de crear inseguridad y aseguran que la medida tiene «una repercusión sin precedentes en el municipio», que vinculan a que se generan dudas sobre la legalidad de las obras hechas hasta el momento. Rechazan que haya connivencia con el equipo de gobierno y dejan caer en sus escritos que esperan que las decisiones tomadas por la Xunta no se deban sólo a las críticas expresadas por la oposición. En este sentido, solicitan que les faciliten «delitos o fraudes de ley, o estafas o como se denominen, que se vienen realizando en el Ayuntamiento de Sada». Afirman que con estos datos pretenden emprender «medidas judiciales», si fuera preciso, y explican que alguien debería hacerse responsable de las pérdidas que genere el expediente abierto por la Xunta. Además, apuntan que si hubiera habido licencias o documentos que no fueran legales, ya que cuentan con informes favorables de técnicos, se debería haber actuado contra los que los respaldaron y no bloquear la labor de los industriales. Delitos En el documento de los constructores se analiza punto por punto las críticas expresadas por la consellería y para ello utilizan argumentos que ya expuso el gobierno local en la rueda de prensa que ofreció para rebatir el expediente de la Xunta. Los constructores resaltan que existen servicios que avalan las nuevas construcciones, rechazan las críticas vertidas sobre las edificaciones en la zona rural que vinculan a consideraciones únicamente estéticas y se muestran sorprendidos porque se cuestione la transformación del litoral. La Plataforma de Afectados, como ya hiciera el concejal de Urbanismo, reclama conocer si existen licencias que hayan sido aprobadas de manera ilegal. También piden información sobre si es posible edificar en As Brañas y llegan a poner en duda los datos que aparecen en el expediente sobre algunos inmuebles singulares del municipio. «Les requerimos para que nos digan con más claridad y exactitud qué supuestos delitos comete el grupo de gobierno, más allá de supuestas apreciaciones que nosotros es lo único que entendemos de la resolución», apuntan y dicen que algunos de los puntos en los que basa la Xunta la apertura del expediente son también apreciables en otros municipios y se comprometen a informarles de ellos. Por su parte, los grupos de la oposición (BNG, PSOE, ASU y URG) presentaron ayer por registro un documento en el que se le pide al alcalde, Ramón Rodríguez Ares, que el secretario municipal informe sobre si sería legal un eventual acuerdo del proyecto de compensación de la urbanización de As Brañas tras la resolución de la Xunta, que se teme que se apruebe mediante un decreto.