La portavoz del BNG de Culleredo, Raquel Jabares, y el concejal Isidro Taibo hablaron ayer sobre la posible ilegalidad de la parcelación del Centro Logístico de Transportes (CLT) que se construye en Ledoño. Jabares criticó que este documento no pudiera ser discutido en el pleno, ya que fue aprobado por la comisión de gobierno, lo que vinculó a que el alcalde, Julio Sacristán, «poda facer o que queira». La portavoz nacionalista indicó que tras un informe negativo de la secretaría del Ayuntamiento, desde el gobierno se solicitaron otros a la asesora jurídica y al jefe de gabinete, de los que dijo que son puestos cuestionados, y a dos gabinetes jurídicos de Madrid. Jabares asegura que pese a que todos los informes recuerdan que se deben cumplir las bases de la concesión, se está permitiendo vender las parcelas sin que las naves estén construidas. «Estanse cometendo graves irregularidades, xa que as parcelas teñen que estar construidas», apuntó la portavoz nacionalista. Asimismo, los concejales aseguraron que desde la secretaría municipal se considera que la construcción del CLT está «viciado desde o principio», debido a que aún hay vecinos que no cobraron las expropiaciones y porque el documento de parcelación no garantiza que la urbanización de la zona revierta en el municipio en el futuro. Desde el BNG se va solicitar debatir el tema en el pleno, se va a preguntar cuánto costaron los informes externos y se solicitará al Ayuntamiento que se cumplan las bases. «O que é certo e que os polígonos de Culleredo están baleiros e non se sabe por qué», indicó Taibo, que cuestionó que sean las únicas áreas de la zona que no tienen éxito. «Demagogia» Por su parte, desde el Ayuntamiento de Culleredo se apunta que en el caso de que se vulneren preceptivos legales se deben recurrir «en otros ámbitos», y se destaca que sólo uno de los cinco informes es negativo, y que ése no es vinculante. Descarta que el pleno deba pronunciarse sobre la parcelación del CLT, anuncia que no va a hacer demagogia con este tema y recuerda que el centro salió a concurso público y no cuesta nada ni a las arcas municipales ni de la Xunta. Desde la empresa Fadesa, concesionaria de las obras, se rechazó contestar al BNG y se aseguró que se cumple la legalidad establecida.