En la demanda vecinal que consta en el procedimiento judicial se exige la anulación de las nuevas licencias de la calle Príncipe por el posible entierro de la muralla, pero también por otros motivos, como que el proyecto aprobado incluya la colmatación del edificio número 6. La extensión del aprovechamiento de este solar no está prevista en el Pepri (Plan Especial de Protección y Reforma Interior) de la Ciudad Vieja, por lo que la constructora tendría que retranquear unos metros atrás la fachada trasera, según se reclama en la demanda. Además, el citado plan municipal concede protección estructural a este inmueble. Por tanto, sólo puede ser rehabilitado, lo que implica la conservación de las fachadas y medianeras, que han sido derribadas, según denunciaron en su día los residentes que se oponen a esta obra. El Ayuntamiento les otorgó la razón: cuando anuló las primeras licencias, ordenó la reposición de las medianeras y de las fachadas, mandato que todavía no ha sido obedecido. Hay más. El proyecto asume la regularización de los lindes de las fincas 6 y 8. Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 3 (posterior a la concesión de las segundas licencias) afirma que esta operación «esixe a redacción dun novo proxecto básico». Según los demandantes, no se ha presentado. El frente legal abierto por las nuevas licencias se une a otros anteriores: hay seis contenciosos protagonizados por esta obra pendientes de resolución judicial. Dos relativos a la colmatación del número 8, permitida por el Pepri, los resolverá el TSXG. Esta finca constaba de una vivienda con un jardín, espacio verde en el que se está construyendo. Esta superficie no estaba considerada como edificable en el plan anterior. La legalidad del Pepri en este punto la decidirá el TSXG.