En cuanto a la veracidad de los relatos de las testigos se habló mucho en la sala. Dos de ellas regresaron a trabajar a los clubes después de denunciarlos, a pesar de que estaban encerradas. Todas continuaron en el mundo de la prostitución. A dos se les descubrió importantes transferencias a Colombia en fechas en las que, según ellas, estaban retenidas por los acusados y les quitaban todo el dinero que ganaban. Los acusados llegaron incluso a contar con la ayuda de un jefe de Extranjería. Cuando le tocó declarar en el juicio, este funcionario confesó «sentirse extrañado» cuando se enteró «por la prensa» de la operación de la Guardia Civil. Y es que durante esos meses, el grupo que él dirigía realizó decenas de registros en esos mismos clubes sin encontrar nada anormal y sin que ninguna de las mujeres denunciasen su situación.De las nueve víctimas que acudieron a la Audiencia en calidad de testigos protegidas, sólo dos mantuvieron las declaraciones que habían firmado ante la Guardia Civil. Aparte de esta base acusatoria, el fiscal cuenta con el informe de las inspecciones de los ordenadores que se encontraron en dos de los clubes, donde aparecían los nombres de las mujeres con los ingresos, sus deudas y las multas que les metían por llegar tarde o hablar por teléfono.Uno de los letrados de la defensa, frase que le robó a un filósofo, dijo: «En un juicio penal, nunca se llegará al fondo de la verdad». ¿Sacarán a la luz los acusados las pruebas que dicen manejar contra políticos y guardia civiles? Las nueve personas que a lo largo de las dos últimas semanas se sentaron en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de A Coruña se juegan ¡doscientos años de cárcel! Mucho encierro para tan poca culpa, dicen ellos, hombres y mujeres que tienen tanto que callar como que hablar. Presumen de ocultar un as en la manga. O dos. Y amenazan con sacarlos. Armados con abogados de prestigio lanzaron durante el juicio todo un carrusel de acusaciones de las que no se libran políticos, guardia civiles y hasta un propietario de clubes de alterne. «Si me voy al talego me llevo a algunos conmigo» fue una frase muy escuchada en los pasillos de la Audiencia. Creen que están con un pie en la cárcel porque son víctimas «de la guerra política en Ferrol, de los deseos de ascenso de un grupo de guardias civiles con el prestigio por los suelos y de la obsesión de un dueño de prostíbulos en Ferrol por hacerse con el mercado de la comarca», según confesó uno de los acusados. El abogado de uno de los procesados, Gabriel Acción, dijo en su alegato final: «El chapapote que pudo haber saltado en el juicio hubiese salpicado sabe Dios hasta dónde». Engaños Este cóctel de difícil digestión nació a finales de 1999. En tres meses, quince inmigrantes colombianas que trabajaban como prostitutas en cuatro clubes de alterne de la provincia se presentaron en el cuartel de la Guardia Civil de Ferrol para denunciar a sus respectivos jefes. Dijeron que las fueron a buscar a Colombia con la promesa de que podrían trabajar en España en el ramo de la hostelería. Para entrar en el país les proporcionaban un billete de avión, dólares y un libro de familia falsificado donde aparecía la víctima casada con un ciudadano español. Una vez en Galicia, eran recogidas por los proxenetas en el aeropuerto y llevadas a sus respectivos clubes. Allí les comunicaban que el trabajo de hostelería consistía en mantener relaciones sexuales con hombres. Y sin cobrar, pues el dinero debía ir a parar a los bolsillos de los procesados hasta que devolviesen la deuda del viaje. Pero no sólo eso. En esos establecimientos vivían amenazadas de muerte, en condiciones insalubres. Si intentaban escaparse, sus familias serían asesinadas.Mientras en el escrito del fiscal el enorme poder de los acusados en el mundo de la prostitución corría parejo con su maldad, los abogados de la defensa se esforzaron en convertir a los acusados en víctimas y a las víctimas, en acusados. Residencia Y es que la mayoría de las mujeres que en 1999 denunciaron su situación en el cuartel de la Guardia Civil de Ferrol les dieron pie a ello. Tras un biombo, todas reconocieron que acusaron a sus jefes porque la Guardia Civil les había dicho que a cambio recibirían la residencia española. Una de ellas llegó a confesar que denunció sin conocer siquiera al hombre al que denunciaba. Lo hizo porque vio en la tele que si colaboraba con la Justicia podrían darle los papeles. Tampoco paso inadvertido el hecho de que todas las inmigrantes, antes y después de denunciar, trabajaron en los clubes Jade y Noray de Ferrol, propiedad de Antonio Vizoso, hombre al que apuntan los acusados como uno de los ideólogos de la trama. Según los procesados, este señor fue quien salió más favorecido de su desgracia, pues «así podría copar el mercado de clubes de alterne de la zona». Peor que eso. Los abogados de la defensa manifestaron que entre Antonio Vizoso y el sargento de la Guardia Civil que llevó el caso había amistad. El propio agente reconoció que habían estudiado juntos. Una de las víctimas reconoció que este guardia la convenció para que denunciase a su jefe en la casa de Antonio Vizoso. Según los letrados de la defensa, los guardia civiles que llevaron el caso estaban con el agua al cuello al no poder resolver dos crímenes en Ferrol. n cuanto a la veracidad de los relatos de las testigos se habló mucho en la sala. Dos de ellas regresaron a trabajar a los clubes después de denunciarlos, a pesar de que estaban encerradas. Todas continuaron en el mundo de la prostitución. A dos se les descubrió importantes transferencias a Colombia en fechas en las que, según ellas, estaban retenidas por los acusados y les quitaban todo el dinero que ganaban. Los acusados llegaron incluso a contar con la ayuda de un jefe de Extranjería del Cuerpo Superior de Policía. Cuando le tocó declarar en el juicio, este funcionario confesó «sentirse extrañado» cuando se enteró «por la prensa» de la operación de la Guardia Civil. Y es que durante esos meses, el grupo que el dirigía realizó decenas de registros en esos mismos clubes sin encontrar nada anormal y sin que ninguna de las mujeres que en ellos trabajaban denunciasen la espeluznante situación que a la Guardia Civil decían estar viviendo.De las nueve víctimas que acudieron a la Audiencia en calidad de testigos protegidas, sólo dos mantuvieron las declaraciones que habían firmado ante la Guardia Civil. Aparte de esta base acusatoria, el fiscal, que tuvo que retirar la acusación de falsificación de documento oficial al no encontrarles a los procesados los libros de familia con los que entraban las mujeres en España, cuenta con el informe de las inspecciones de los ordenadores que se encontraron en dos de los clubes, donde aparecían los nombres de las mujeres con los ingresos, sus deudas y las multas que les metían por llegar tarde o hablar por teléfono.Uno de los letrados de la defensa, frase que le robó a un filósofo, dijo: «En un juicio penal, nunca se llegará al fondo de la verdad». Está visto para sentencia. ¿Sacarán a la luz los acusados las pruebas que dicen manejar contra políticos y guardia civiles?