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La historia se remonta a 1986. En aquel año se aprobó el pliego del concurso por el que se iba a regular la concesión del matadero municipal. Dos meses después de aprobar la normativa, se introdujo una cláusula de revisión del canon a pagar por la empresa al Ayuntamiento: a partir del quinto año se actualizaría esta cantidad aplicando, los años impares, el IPC menos tres puntos. En diciembre de 1986, la firma Carnicosa obtiene la concesión municipal y empieza a gestionar el matadero. El canon ascendía entonces a 175.209,52 euros (en pesetas de la época).? Pasan los años, en teoría, sin problemas. Hasta que en 1999 Carnicosa plantea al gobierno local la compensación del canon, alegando que se han realizado unas inversiones en el recinto que han provocado el desequilibrio financiero de la concesión. El negociado de Equipamiento Público del Concello da el visto bueno a la solicitud de la empresa, que asegura que hay un saldo a su favor de 504.402,34 euros. ?Surgen en ese momento las discrepancias con la Intervención General del Ayuntamiento, que afirma que no todos los gastos son compensables y que, de hecho, la contabilidad arroja un saldo favorable al Concello, al que Carnicosa adeuda casi 200.000 euros.?? El canon era el culpable? La firma atribuye al canon las pérdidas económicas de la concesión y reclama que se limite al 1% de los beneficios que, en su caso, obtenga la compañía. En noviembre del 2000 un informe del negociado de Equipamiento Público, avalado por la firma de la concejala de Mercados, Pilar Valiño, admite la existencia de una «crisis». ? Un mes más tarde, el mismo departamento ratifica una alegación de Carnicosa en la que, por primera vez, se habla de «la repercusión en el sector cárnico de la denominada crisis de las vacas locas».?Hasta la fecha, ni una sola mención al pliego por el que se rige la concesión. La memoria se recupera en un escrito remitido por Carnicosa al Ayuntamiento en junio del 2001. Recuerda entonces la concesionaria que, en contra de aquella normativa, el Concello ha venido aplicando la revisión de precios sobre el canon anualmente, y no sólo los años impares como estaba previsto. Además, según el documento, se incrementó la cifra con el IPC, sin restar los tres puntos porcentuales de rigor. El saldo a favor de Carnicosa sería, por tanto, de 203.086,95 euros. ¿Por qué nadie se acordó en quince años de la normativa? Equipamiento Público rubrica este documento y propone reducir a seis mil euros el canon anual, (treinta veces menos que la cifra prevista sobre el papel).?Pero la Intervención emite un durísimo informe (mayo de 2002) que frena esta solicitud. Admite el error en el cobro del canon, pero le recuerda a la concesionaria que ni siquiera la crisis de las vacas locas justifica que se varíen las condiciones del contrato. Da el visto bueno al pago de los 203.086,95 euros, pero niega la drástica reducción del canon. Así lo ratificó, finalmente, el pleno del Concello.?