El PSOE y el BNG se oponen a que la Diputación asuma el peaje de A Barcala

RAMÓN CASTRO A CORUÑA

A CORUÑA

XURXO LOBATO

Torres Colomer defendió en el pleno el protocolo suscrito con Política Territorial Los grupos del PSOE y el BNG plantearon ayer en el pleno de la Diputación sendas mociones contrarias a que el organismo provincial financie el coste del peaje de A Barcala en la Autopista del Atlántico. Ambos grupos achacaron a la «incapacidad política de la Xunta» el hecho de que la tasa no sea suprimida sin coste alguno para las administraciones. La sesión plenaria, por otra parte, aprobó el convenio de cesión a la Fundación Fernández Flórez de la casa de Cecebre en la que vivió el escritor.

26 ene 2001 . Actualizado a las 06:00 h.

La oposición al Gobierno provincial fue ayer crítica con el protocolo suscrito entre esta institución y la Xunta, por el que ambas administraciones acordaron asumir al cincuenta por ciento el coste del peaje de A Barcala, estimado en sesenta millones de pesetas anuales. El portavoz del BNG, Manuel Rodríguez Doval, destacó que el peaje no se suprime, sino que se pagará con los impuestos de los ciudadanos, y aseguró que la Diputación mostró en este asunto una actitud «conformista y errática, que abre unha vía perigosa». Salvador Fernández Moreda, del PSOE, subrayó que «lo que pone de manifiesto el protocolo es la incapacidad del conselleiro de Política Territorial para lograr la retirada efectiva, a coste cero, del citado peaje», aunque admitió el protocolo como «solución transitoria». El pleno rechazó la urgencia de las mociones de la oposición, por lo que pasarán a ser debatidas en las comisiones informativas. El presidente de la Diputación, José Luis Torres Colomer, defendió el acuerdo con la Xunta, argumentando que «las diputaciones deben mejorar los servicios que se presta a los ciudadanos», y afirmó que continuará las negociaciones con Fomento y la Empresa Nacional de Autopistas para eliminar definitivamente éste y otros peajes. Por lo demás, el pleno ratificó la financiación de 16 grupos municipales de intervención rápida y un convenio con la Consellería de Xustiza y el Ayuntamiento de Santiago para construir un nuevo parque de bomberos comarcal con sede en esta ciudad. Además, se aprobó ayudar a El Salvador con una cuantía inicial de un millón de pesetas, aunque la cifra puede ser incrementada.